El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, defendió la necesidad de extender las exenciones fiscales aprobadas para las ayudas estatales a las que aprobó la Generalitat catalana para dar cobertura a represaliados del franquismo que no entraban en las indemnizaciones facilitadas por el Gobierno central.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 estableció indemnizaciones exentas de tributación para quienes se acogieron a los beneficios establecidos en la Ley de Amnistía de 1977, siempre que hubieran tenido penas de cárcel de más de 3 años, y para aquellos que tuvieran en el año 1977 más de 52 años.

"Las indemnizaciones que dan las comunidades autónomas sí que están sujetas a la tributación del IRPF", denunció el diputado de CiU, lo que "supone un gran perjuicio para los beneficiarios y diferencia las indemnizaciones para una misma causa en función de la administración que la concede".

Sánchez Llibre recordó que esta es una reivindicación que Convergencia i Unió ha llevado al Congreso de los Diputados en diversas ocasiones, porque "es de justicia que la sociedad, en su conjunto, realice un claro reconocimiento a esas personas que se vieron privadas de su libertad en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas".

La proposición de ley emplaza al Gobierno a que recabe de la Comisión Interministerial para las Víctimas de la Guerra Civil y del franquismo el compendio de las modificaciones normativas que sean más pertinentes para promover la exención y la restitución en su caso del pago del IRPF correspondiente a las indemnizaciones concedidas por otras administraciones públicas.