La iniciativa del PP, a la que se sumó una enmienda de los socialistas, insta al Gobierno a que adopte en el plazo de dos meses iniciativas legislativas necesarias para reformar en esta línea la actual legislación penitenciaria.

El acuedo alcanzado por el Congreso no compromete obligatoriamente al Gobierno a endurecer la concesión de beneficios penitenciarios en la línea propugnada por el PP, sino que emplaza a valorarla con prioridad en la reforma que se haga. Por lo tanto, el resultado final de la modificación legislativa podría no contemplar por entero los cambios perseguidos por el PP.

Socialistas y populares tuvieron que hacer encajes de bolillos hasta el último momento del debate para conseguir un acuerdo.

Los socialistasno aceptaban inicialmente de la propuesta del PP que el acceso al régimen abierto se fije a partir de la mitad de la condena cumplica. Tampoco aceptaba que no estableciese criterios selectivos para la concesión del beneficio, como las circunstancias personales del recluso.

Al final, la proposición no de ley emplaza al Ejecutivo a emprender las medidas pertinentes "para asegurar que la concesión de permisos a los reclusos se apliquen criterios selectivos, distinguiendo entre los internos según la naturleza del delito por el que hayan sido condenados, la duración de la condena impuesta y las circunstancias personales del recluso".

El PP propone en su texto que previo a la concesión del permiso se exijan dictámenes médicos sobre el recluso, no sólo con carácter facultativo, sino con caracter preceptivo, cuando se trate de penados por delitos sexuales.

El portavoz del PP, Jorge Fernández, manifestó que "basta leer o escuchar cualquier medio de comunicación para comprobar la alarma social que estágenerando, con plena justificación, la aparente impunidad con la que están cometiendo delitos de especial gravedad penados que disfrutan de permisos en régimen abierto o en libertad condicional".