Actualmente, es necesario tener al menos un 65 por ciento de minusvalía para acceder al cupo del 3 por ciento de plazas reservadas para discapacitados.

Esto ha creado problemas, como el reciente caso de la universitaria malagueña Auxiliadora Cabello, que no pudo cursar los estudios superiores que deseaba porque no tenía la minusvalía suficiente. A raíz de este caso, el Gobierno mostró su disposición a modificarla legislación vigente.

Hoy, el Congreso aprobó una proposición que va en esta dirección, formulada por el Grupo Mixto y defendida por la diputada de Iniciativa per Cataluña Merce Rivadulla. El texto inicial fue modificado a instancias del PP.

La proposición insta al Gobierno a velar por que las universidades públicas reserven un 3 por ciento de las plazas para los alumnos a los que se les ha reconocido oficialmente un grado de minusvalía superior o igual al 33 por ciento o que padezcan menoscabocompleto del habla o pérdida total de la audición.

La proposición prevé que una vez que haya concluido el periodo de inscripción de matrículas, cada universidad podrá disponer de las plazas que no hayan sido ocupadas por los colectivos de discapacitados.

El PP defendió al comienzo del debate que el porcentaje de plazas oscilara entre el 1 y el 3 por ciento. Esto fue rechazado por el resto de grupos, que consideraron que suponía abrir la posibilidad de rebajar el número de plazas.