La subcomisión que analiza la reforma de la Ley Electoral, constituida en la Comisión Constitucional, se reunió esta tarde para ordenar los trabajos y, según confirmaron varios asistentes, se tomaron las primeras decisiones.

En concreto, se llamará a comparecer el día 19 al director general de Política Interior del Ministerio del Interior, al director general de oficinas consulares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y se analizará también un informe solicitado a la Junta Electoral Central.

Con esas comparecencias la subcomisión pretende obtener información sobre las repercusiones técnicas y jurídicas de las distintas fórmulas con las que habilitar el voto en urna de los residentes en el exterior.

Escuchadas esas comparecencias, el día 20 volverá a reunirse la subcomisión para analizar las posibles fórmulas y comenzar a dar forma a la modificación legal.

El texto sobre el que se comenzará a trabajar es el aprobado en el Parlamento de Galicia antes del verano con el respaldo de todos los grupos.

A pesar de que existe acuerdo en el objetivo último de mejorar el sistema de voto de los residentes ausentes, PSOE y PP dejaron ver sus diferencias en la reunión.

El PP registró el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados una proposición idéntica a la aprobada en el Parlamento de Galicia, y reclamó el respaldo de los demás grupos en la Junta de Portavoces para elevarla a Pleno y que sirva de base del debate.

Precisan que no sería "un trágala", sino que a partir de su toma en consideración se estudiarían enmiendas parciales de los demás grupos. Creen que ésa es la única manera de agilizar la reforma lo suficiente para que pueda estar vigente en las próximas elecciones gallegas.

Sin embargo, los demás grupos, encabezados por el PSOE, consideran que la reforma debe ser meditada y rigurosa, y que es la subcomisión la que debe trabajar en un texto a partir de las comparecencias y los informes solicitados.

Por ello, el representante del PP en la subcomisión, Celso Delgado, acusaba al PSOE de iniciar "maniobras dilatorias" y el socialista José María Benegas aseguraba su voluntad de trabajar con el rigor que requiere una reforma de ese calado.