Este es el contenido de una proposición no de ley aprobada hoy en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja por 15 votos a favor de PP y Vox, 14 abstenciones, que incluyen las de PSOE y Sumar, y ningún voto en contra.

Además de ampliar la cuantía de las ayudas, la iniciativa también reclama “simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para su solicitud y concesión”; promover “la colaboración con las comunidades autónomas y el Tercer Sector”, a fin de coordinar acciones y facilitar la ayuda en las zonas más afectadas, y poner en marcha “campañas de información y sensibilización dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias”, de cara a que “conozcan las ayudas disponibles y el procedimiento para solicitarlas”. Impulsado por PP, el texto que finalmente salió adelante incluyó una autoemienda de esta formación y otra enmienda de Vox.

LOS DAÑOS

Antonio Martínez, del PP, recurrió al informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) para detallar los principales daños que la dana ocasionó a este colectivo en las zonas afectadas.

Según el documento, la riada “impactó a 1.625 personas con discapacidad asociadas a entidades de cermi CV” y afectó a 32 centros residenciales y a 26 Centros Especiales de Empleo.

El acceso a dispositivos de movilidad y asistencia “resultó gravemente afectado”, prosiguió Martínez, lo que compromete “la autonomía de numerosas personas”. Destacó que las inundaciones supusieron la pérdida –o graves desperfectos-- de “sillas de ruedas, audífonos, dispositivos de comunicación y otros materiales ortoprotésicos que las personas con discapacidad necesitan para su día a día”.

También se estropearon muchos vehículos adaptados, cuyo coste medio es un 30% superior al de los convencionales, y lamentó que todavía haya “personas con movilidad reducida encerradas en sus casas porque los ascensores y otros elementos de accesibilidad” en sus edificios resultaron dañados. Del mismo modo, las entidades y servicios públicos que atienden a estas personas resultaron afectadas, con “locales, vehículos e instalaciones inutilizados”.

INSUFICIENTE

Preguntó si, ante esta situación, son suficientes los tres millones de euros comprometidos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. A su juicio, esta partida para sufragar la reparación de estructuras de accesibilidad y la compra de materiales para las personas con discapacidad afectadas resulta “insuficiente”.

“¿Piensan de verdad que son suficientes los 1.000 o 500 euros extra para la compra de automóviles adaptados y motos de tres ruedas?”, preguntó al Gobierno. Según Martínez, es “responsabilidad de los poderes públicos garantizar que ninguna persona con discapacidad se vea privada de los recursos necesarios para llevar una vida plena y digna”. Esto incluye asegurar los fondos necesarios, apuntó, y también “garantizar unos trámites ágiles y sencillos”, a fin de que las personas afectadas soliciten las ayudas y las reciban cuando se precisan.

La diputada de Vox Rocío de Meer apoyó la iniciativa, aunque consideró que muchas de las peticiones que esta plantea pueden ser atendidas por “los gobiernos locales y autonómico del PP en la Comunidad Valenciana”. “Ustedes hablan de voluntad política, pero presentar una proposición no de ley para asegurar ayudas casi dos meses después demuestra justo lo contrario”, criticó.

DEFENSA DEL GOBIERNO

El PSOE planteó una enmienda que no fue aceptada, donde señalaba que “el Gobierno ya está trabajando” para atender a este colectivo y subrayaba “la autorización extraordinaria al Real Patronato sobre Discapacidad para la concesión” de los citados tres millones de euros. Estos se suman a los 50 millones de euros para los municipios más perjudicados que, entre otras, beneficiarán también a asociaciones y entidades de apoyo al colectivo.

Según el diputado Lázaro Azorín, “el Gobierno está cumpliendo su deber con sensibilidad y rapidez”, pero “sorprende cuanto menos escuchar esta preocupación del PP si tenemos en cuenta los recortes” en atención a la dependencia introducidos durante el mandato, dijo, de Carlos Mazón. Insistió además en el papel de las comunidades autónomas a la hora de “agilizar la gestión y tramitación de todas las ayudas”.

Por parte de Sumar, Rafael Cofiño, tildó de “poco prudente” anticipar “sin más” que las ayudas a personas con discapacidad serán insuficientes.