La delegación parlamentaria, presente en la vista pública que se celebró el pasado mes de septiembre, expresa en el informe su preocupación por las "carencias y condicionamientos" del proceso.

"Desde la falta de independencia del poder judicial salvadoreño hasta la ausencia deuna policía judicial autónoma, pasando por las dificultades para la obtención de las pruebas o la ocultación de algunas de ellas", señala el documento.

El informe, que será remitido a diversas instituciones internacionales, denuncia además "la falta de colaboración e incluso deliberado obstruccionismo de las Fuerzas Armadas y de algunos sectores de la Administración salvadoreña".

Añade que el proceso sólo ha permitido una depuración parcial de las responsabilidades, al no haber sido inculpados otos presuntos "responsables intelectuales" del asesinato múltiple.

El presidente de la delegación, el socialista Luis Fajardo, manifestó hoy que aunque el veredicto quiebra el principio de inmunidad de que disfrutaban hasta ahora los militares en Centroamérica, vuelve a consagrar el principio de obediencia debida, por el cual se exonera de culpa a soldados que atentaron contra los derechos humanos alegando que se limitaron a cumplir instrucciones.

Fajardo destacó, por otra parte, el "gran cambio" ue pudo detectar la delegación española en el presidente del Gobierno salvadoreño, Adolfo Cristiani, al haberles transmitido su deseo de que este caso se aclare cuanto antes y el poder civil adquiera un protagonismo mayor.

El próximo mes de enero, el jurado podría emitir una sentencia definitiva, que con toda probabilidad recurrirán los familiares de las víctimas y el fiscal del caso.

En la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamricana de El Salvador, cinco de los cuales eran españoles, así como una empleada de esta institución y su hija.

Por estos hechos fueron condenados el coronel Benavides Moreno, por ocho delitos de asesinato, y el teniente Espinoza Guerra, por el asesinato de la hija de la empleada de la UCA. El resto de los inculpados fueron absueltos.