En concreto, se aprobará una proposición defendida por PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), CiU, Izquierda Unida y Coalición Canaria.

Esa normativa, que debería tener rango de ley orgánica, debería estar presentada por el Gobierno ante el Parlamento en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Defensa Nacional.

En la exposición de motivos, estos grupos subrayan que la regulación legal de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución facilita su ejercicio, y dar esas facilidades también es, según la Carta Magna, deber de los poderes públicos.

Reconocen que la Constitución establece que la ley puede limitar o exceptuar del ejercicio del derecho de sindicación a las Fuerzas Armadas, institutos armados y demás cuerpos sometidos a disciplina militar.

Sin embargo, recuerdan que la ley que regula el funcionamiento del personal militar estableció que el gobierno debería presentar ante el Parlamento una normativa reguladora de esos derechos fundamentales para las Fuerzas Armadas, un mandato que el anterior Gobierno no cumplió.

Consideran, pues, llegado el momento de actualizar la regulación de esos derechos de los militares en función de las misiones y características actuales específicas.