Así se decidió en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, que aprobó una proposición no de ley defendida por la diputada Violante Tomás Olivares, del Partido Popular.

Además, dicha proposición aprobada por 19 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, solicita al Gobierno llevar a cabo la “formación completa y especializada” de todo el personal valorador que se dedica a la aplicación e implantación del nuevo procedimiento y sus cuatro baremos, así como de la herramienta informática ‘Baredi’.

En cuanto a esta aplicación informática, se insta a corregir todas "sus deficiencias y disfunciones" detectadas por los equipos de valoración, así como poner a disposición los recursos que sean necesarios, con el objetivo de facilitar y agilizar al máximo la tramitación de los expedientes y cumplir así el plazo máximo de seis meses.

Además, se propone que, una vez superado el primer año de implantación, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) “elabore un informe de seguimiento y evaluación del nuevo baremo para estudiar y evaluar si las expectativas de flexibilidad, accesibilidad y agilidad se cumplen, así como detectar sus deficiencias y necesidades”. Dicho estudio deberá ser también “publicado y presentado por el Imserso” ante la Cámara Baja anualmente.

Según la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás, “en Andalucía, 15.500 expedientes se han visto afectados” por este mal funcionamiento del nuevo procedimiento, provocando “colapso y caos”.“Todo por dejarse en dejar competencias vitales para los ciudadanos en 17 reinos de taifas. La igualdad de los ciudadanos está en juego para poder acceder a las ayudas y a la atención que necesitan”, argumentó.

Por su parte, el diputado del PSOE Emilio Sáez Cruz señaló que aunque “es una realidad que existe dificultad para implementar el nuevo procedimiento”, esto sucede, dijo, no sólo por la acción del Imserso, “sino que también las comunidades autónomas tienen que poner de su parte". Por ello, las instó a colaborar en la implementación de la nueva herramienta informática.

INFORME DEL CERMI

Según el texto de la proposición no de ley aprobada, un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) establece que el período medio de espera para obtener la valoración del grado de discapacidad según comunidades y ciudades autónomas "demuestra que la aplicación del nuevo procedimiento ha dado innumerables problemas que han alargado los plazos de tramitación de los expedientes que se están tramitando con demoras de más de un año".

La media de espera es de 10,4 meses, a tenor de informe del Cermi publicado el 31 enero de 2024, "cuando la ley establece un plazo máximo de 6 meses para darle una respuesta al ciudadano que solicita una valoración, privando a muchas personas de un derecho fundamental que les otorga acceso a ayudas cruciales para mejorar su calidad de vida".

Por último, la proposición aprobada quiere paliar otra deficiencia detectada por el estudio del Comité: "El personal técnico de valoración ha constatado que los criterios establecidos en el Real Decreto 888/2022 tienen carencias a la hora de aplicar la combinación de los diferentes baremos que se utilizan para valorar, lo que está provocando reducciones en el grado de discapacidad resultante".