La iniciativa partió del Grupo Parlamentario Popular, que presentó una proposición no de ley en este sentido y que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad aprobó hoy por unanimidad.

En su defensa del texto, el diputado Popular Francisco Vañó argumentó que las rifas ilegales y alegales están compitiendo con los productos de la ONCE y, por tanto, "quitando la posibilidad a la Fundación ONCE de obtener más beneficios para generar más empleo y formación para personas con discapacidad".

En esta línea, Vañó señaló que gracias a la venta de los productos de la ONCE, su fundación está haciendo una labor que "incluso sustituye" a la que debería hacer el Estado. Sin embargo, añadió, este año las rifas ilegales y alegales han generado cerca de mil millones de euros de facturación.

Concretamente, dijo el diputado, el año pasado la Fundación ONCE generó un total de 5.088 puestos de trabajo, de los que 4.372 fueron para personas con discapacidad.

De ahí, concluyó Vañó, que sea tan importante poner freno a la proliferación de juego ilegal y alegal en España, una petición que viene haciendo también la Plataforma en Defensa del Cupón de la ONCE, que integra a 19 organizaciones estatales de personas con discapacidad y entidades sociales que, a su vez, representan a más de cuatro millones de personas con discapacidad en España, así como a las dos principales centrales sindicales del país.