En concreto, el Ejecutivo deberá presentar un análisis actualizado de la situación de la economía y de las previsiones del Gobierno para el futuro inmediato.

Además, se pide al Gobierno que aplique una veintena de propuestas frente a la crisis destinadas afrontar a lo largo de la legislatura el nuevo ciclo caracterizado por la caída de la actividad y la destrucción del empleo.

Entre las medidas se encuentran algunas para corregir la evolución de la inflación o para frenar el incremento del desempleo y para favorecer la recolocación de los trabajadores en paro.

También se apuesta por iniciativas para reducir los efectos de las tensiones de los mercados financieros internacionales sobre la economía española y para evitar que la falta de liquidez del sistema perjudique la adecuada financiación de actividades competitivas.

Medidas de apoyo a la demanda interna para incrementar la productividad, para impulsar y profundizar en el diálogo social, para impulsar la internacionalización de la economía española y la drástica reducción del déficit exterior, estimular la incorporación de I+D+i a la actividad económica o para reducir el stock de viviendas sin vender, son otros de los reclamos.