Durante la Comisión no Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, el grupo catalán explicó que, según la Ley de Integración Social de los Minusválidos, el incumplimiento de la obligación de las empresas con 50 o más personas en plantilla de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o, en su defecto, aplicar medidas alternativas, están tipificados y calificados como infracciones graves, que aparejan una cuantía máxima de 3.000 euros.

Por ello, el diputado de ERC, Joan Tardá, que considera que esta tipificación es insuficiente y su cuantía escasa, exigió un cambio en la categorización de las mismas.

Esta cuestión, según Tardá, ocasiona que muchas empresas "no se vean realmente obligadas a cumplir con la norma". Según precisó, "el importe de la sanción es mucho menor que los costes que le puede suponer efectuar las contrataciones laborales y, sobre todo, las medidas alternativas", como realizar una donación o acción de patrocinio.

Por ello, el Congreso pidió al Gobierno que realizara las modificaciones legales oportunas para garantizar el cumplimiento de esta cuestión mediante la tipificación de de estas infracciones como "muy graves" en la legislación reguladora.

La propuesta de Esquerra significaría, según la legislación vigente, aumentar estas sanciones hasta situarlas en 3.000 euros en su grado mínimo y en 90.000 € en su grado máximo.

Para el diputado "lo importante" es la categorización de esta infracción como muy grave, ya que en la futura aprobación del proyecto de Ley de régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad significará, si se recoge en ella el mandato parlamentario aprobado hoy, que las sanciones por incumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para la integración laboral de este colectivo oscilarán entre 90.001 y 1.000.000 de euros.

Además, en una enmienda de adición ERC pidió que el importe de dichas sanciones se destine a ampliar las subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo de la comunidad autónoma en la que se cometa la infracción.