El objetivo de esta iniciativa, aprobada en la Comisión no Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, es orientar mejor las políticas dirigidas a apoyar a las personas con discapacidad, según declaróel portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano.

Campuzano citó un estudio realizado recientemente por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona sobre el agravio económico comparativo que se deriva de vivir con una discapacidad en esta ciudad, que cifra en 27.398 euros más los que ha de pagar una persona con discapacidad al año por las necesidades especiales que le genera su situación.

Este informe recoge un abanico de tipologías de discapacidad (física, intelectual, auditiva, visual y de enfermedad mental), e incorpora distintos perfiles de necesidad.

El trabajo señala que el coste adicional que tienen las personas discapacitadas por el hecho de serlo varía en función del tipo y severidad de la discapacidad que tengan. Así, es más elevado para los grupos con discapacidad física, intelectual y de enfermedad mental y menos para los discapacitados visuales y auditivos.

Asimismo, el informe en cuestión pone de manifiesto que las mujeres con discapacidad sufren un sobrecoste mayor, por ocuparse de las tareas del hogar sin reconocimiento y por percibir salarios menores respecto a los hombres discapacitados.