Este mandato de la Cámara Baja al Ejecutivo parte de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista aprobada hoy en la Comisión de Discapacidad del Congreso, que argumenta que el baremo que se utiliza actualmente en España para evaluar el grado de discapacidad de las personas es de 1999 y, por tanto, anterior al de la CIF, de 2001.

Según explicó en su defensa de la proposición la socialista María José Sánchez, el objetivo de su propuesta esmodificar los baremos que miden el grado de discapacidad de las personas en España para adaptarlos a los criterios introducidos por la Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF).

La Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja aprobó esta proposición por unanimidad, ya que los grupos parlamentarios entendieron que es "útil, necesaria e imprescindible".