El portavoz de CiU en el Congreso, Joaquím Molins, declaró a Servimedia tras la votación que su grupo decidió abstenerse al obtener el compromiso de CC que no se presentarán enmiendas a la proposición de ley hasta que la subcomisión encargada de estudiar ls implicaciones jurídicas y administrativas de la regulación de las parejas de hecho no finalice sus trabajos, algo que ocurrirá antes del verano.

Molins negó que haya existido ruptura entre los diputados de su grupo, tal y como afirmó el diputado del PP Jorge Trías, ya que aseguró que su grupo había decidido abstenerse, aunque algunos diputados de Unió votaran en contra.

Por su parte, Joan Miquel Nadal, de CiU, indicó que la votación no afectará al pacto de gobernalidad que su grupo mantiene conel PP, y responsabilizó del resultado de la votación al PP porque, dijo, estaba obligado a alcanzar un acuerdo con CC para que no presentara la proposición de ley.

La iniciativa del grupo canario fue aprobada con los votos de CC, PSOE, IU y Grupo Mixto, que sumaron 165; la abstención de CiU (11 votos) y los sufragios en contra de PP y PNV (159).

Previamente fueron votadas sendas proposiciones de ley de PSOE e IU, que fueron rechazadas, al votar en contra los diputados de Convergència i Unió.

AFONTAR EL PROBLEMA

El portavoz de Coalición Canaria, José Carlos Mauricio, manifestó que es necesario "transmitir a la sociedad que el Parlamento está decidido a afrontar el problema" que plantea la desregularización en la que se encuentran las parejas de hecho.

Por su parte, Jorge Trías, del PP, achacó la derrota de su grupo en la votación a la "ruptura entre Convergencia y Unió", ya que señaló que fueron los diputados de Convergencia los que se abstuvieron, y aseguró que esta circunstancia "ha spuesto una ruptura de un pacto previo que tenía establecido (CiU) con el PP".

La proposición de ley de CC reconoce los derechos de las parejas no casadas que lleven al menos un año conviviendo juntos, independiente del sexo de los miembros de la pareja, y establece que la regularización legal de su situación debe realizarse mediante un registro que habilitarán comunidades autónomas o ayuntamientos.