El dictamen aprobado por unanimidad en su práctica totalidad será debatido nuevamente en Pleno para consolidar los cambios efectuados en fase de ponencia y comisión y remitirlo al Senado, donde también podrán introducirse enmiendas.

La mayoría socialista presentó varias enmiendas transaccionales a distintas enmiendas de los grupos, la primera de ellas para permitir que las partes, de común acuerdo, soliciten la suspensión del proceso para someterse a la mediación.

La mediación se configura así como "recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador imparcial y neutral", con el fin de "reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia".

Otra de las transaccionales aprobadas modifica el artículo 92.8 del Código Civil, por la que se establece que "excepcionalmente, el juez, a instancia de una de las partes, con un informe favorable del Ministerio Fiscal. podrá acordar la guarda y custodia compartida, fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés del menor".

"PEGOTE INCONEXO"

Esta enmienda, incorporada ya al dictamen de la Comisión, es contradictoria con otra propuesta por el PNV que limita la posibilidad de la custodia compartida a los casos en los que haya mutuo acuerdo, y que fue aprobada también por un error de una diputada de Izquierda Unida.

En palabras del propio presidente de la Comisión, Álvaro Cuesta, el informe irá a Pleno con un "pegote inconexo", por lo que en el debate tendrá que ser solventado el "pastiche" que se ha organizado a raíz de una equivocación que provocó una ardua discusión a cuenta de si se podía o no repetir la votación.

Además de las transaccionales, la Comisión solamente ha aprobado una de las 89 enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, en este caso también del PNV y con el respaldo de todos los grupos salvo el PSOE y sin contar con ERC y el Mixto, que no estaban presentes.

Se trata de una reforma al nuevo apartado uno del artículo primero con la que queda redactado en el sentido de que "los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo".

IGUALDAD EN EL MATRIMONIO

Con esta enmienda, que modifica el artículo del Código Civil que se lee en las bodas, el PNV pretende "proclamar la igualdad en aspectos considerados de responsabilidad exclusiva o preferente de la mujer".

Este cambio, no obstante, tendrá que ser ratificado en Pleno, donde requerirá el respaldo de los grupos que hoy no han estado presentes en la votación o bien un cambio de opinión de los socialistas, que hoy lo han rechazado.

Estas son las principales modificaciones incluidas en el proyecto de ley remitido por el Gobierno, al que ya se añadió en la fase de ponencia una propuesta de CiU para establecer un fondo estatal de garantía de alimentos para hacer pago a las pensiones a favor de hijos menores de edad cuando los padres no cumplen las resoluciones judiciales en este sentido.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2004 con el objetivo, tal y como revela en su exposición de motivos, "de extender la libertad de los ciudadanos, concibiéndose el derecho al divorcio como una extensión del propio derecho al matrimonio".

CAMBIO SOCIAL

El Ejecutivo argumenta que la normativa sobre divorcio, vigente durante casi un cuarto de siglo, ha dejado ver sus carencias y disfunciones, a lo que se suma el "profundo cambio social en el modo de concebir las relaciones de pareja en la sociedad española".

Este proyecto pretende evitar el "doble procedimiento" que conlleva la situación actual, con lo que se admite la disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de la previa separación de hecho o judicial.

Además, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales y sin que el juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos procesales.

La iniciativa aboga por propiciar la disolución matrimonial por mutuo acuerdo y facilitar la custodia compartida de los hijos, con lo que "la intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados".