Así lo reconoció el propio ministro, que tendió su mano al diálogo y reclamó "una universidad a la altura de los retos” y “accesible a todos los ciudadanos”. El texto, que el ministro ha querido hacer “suyo” tras los primeros pasos que dio su predecesor en el Ministerio, Manuel Castells, pretende ofrecer unas “condiciones laborales dignas” al personal universitario e internacionalizar el sistema.

A este respecto, Subirats anunció que 27 universidades españolas están en redes de universidades europeas y que la futura ley “agilizará los visados por estudios”. La formación a lo largo de la vida, la ciencia abierta y ciudadana y la promoción de las lenguas regionales son otros de los ejes de la propuesta del Gobierno.

En su discurso, el ministro remarcó el carácter de "servicio" social que la ley dará a la universidad y que estará “suficientemente financiada”, como avanzó la nueva ley de Educación, la Lomloe, que recoge el compromiso de alcanzar una financiación del sistema educativo del 5% del PIB. Precisamente, Subirats aseguró que su intención es “revertir la desinversión” que el sistema universitario padeció de 2008 a 2020 “que disminuyó un 20% en términos reales la inversión”. Subirats también remarcó la pertinencia de poner la docencia “al mismo nivel” que la investigación y la transferencia de conocimiento.

Aunque considera que en las dos últimas décadas “las universidades han cambiado enormemente y para bien”, el ministro lamentó que la ley “no acompaña” a esos cambios, y “cierra más puertas de las que permite abrir”, por lo que la nueva normativa incluirá “cambios que ya se han dado por la vía de hecho” y sentará “las bases hacia un sistema universitario que colabore en las mejoras que el país necesita, combatiendo desigualdades, un funcionamiento ágil de las universidades y su calidad”. Indicó que actualmente hay 90 universidades en España de distinto tipo (públicas, privadas, presenciales y ‘online’), y que son “30 más que en 2001”.

El ministro concluyó llamando a los diputados a “avanzar” en un nuevo marco normativo “para una universidad que mire al futuro”: “Facilitando e impulsando una necesaria adaptación de nuestro sistema docente e investigador, o bien quedarnos anclados en la normativa actualmente existente que no responde ya a las necesidades ni del sistema universitario en su conjunto que se ha transformado enormemente en estos veinte años (lo que les puedo asegurar tras 47 años como docente universitario) y que tampoco responde, y esto es lo más significativo, a las necesidades sociales de todo tipo frente a las que el sistema universitario puede ser un importante aliado”.

ENMIENDAS

Contra el texto se presentaron tres enmiendas a la totalidad de devolución. La primera de ellas la justificó la diputada catalana del Grupo Plural Mariona Illamola, quien aseguró que se había presentado “con el espíritu de negociar” y con “voluntad constructiva”. “Somos exigentes”, remarcó, reconociendo que aunque “el texto ha mejorado desde las primeras versiones”, no ha sido “no lo suficiente”.

A continuación enumeró las características que una ley de universidades debería tener según el “deseo” de la Generalitat de Cataluña, que pasan por un modelo de universidad “plural” que combine investigación y docencia; que la normativa sea “básica” y no invada competencias; que no vete a profesores a optar a ser rectores por su carácter de contratado o funcionario; que se trace un modelo de la carrera profesional del personal docente e investigador y que se detalle “de dónde van a sacar los recursos” para implementar la ley.

La enmienda a la totalidad de Vox la defendió el diputado Joaquín Robles, que acusó al Gobierno de actuar "por decreto según sus dogmas ideológicos", propio de una "izquierda woke" que impregna esta y otras leyes de ideología con cuestiones medioambientales, feministas y de lenguaje inclusivo, enumeró. Y, añadió, "todo el que se opone es facha y reaccionario".

Robles justificó la enmienda de su grupo en que la futura ley de Universidades contribuirá a la "fábrica de activistas analfabetos comprados con becas" que según él promueve el sistema educativo español, para convertir a la juventud en "fuerza de choque contra el sentido común", hasta el punto de protagonizar escraches para "demonizar al adversario". En resumen, Vox advirtió de que el Gobierno de coalición fomenta una escuela y una universidad que son "trampantojo ideológico para que los jóvenes vean una realidad distorsionada". La Universidad, concluyó, debe ser "para los mejores" y la nueva ley, zanjó, "tampoco aclara la financiación".

En tercer lugar, María Jesús Moro (Grupo Popular) defendió otra enmienda a la totalidad al texto que presentó Subirats. “Sin universidad no hay ciencia”, argumentó, y apostilló que se precisa una universidad “fuerte y de calidad”. Un cambio de ley, prosiguió , “no es una barita mágica” y que la de Subirats “no es la ley que se necesita”. “No debemos generar más frustración en la universidad”, remarcó, “por eso presentamos esta enmienda”. “No se trata de legislar por legislar”, agregó la diputada.

Los ‘populares’ aseguraron que “no se oponen” a un cambio legal, que creen que “es necesaria una reforma”, pero que “esta ley no es la que se debería aprobar”, pues la ley puede ser de “sálvese quien pueda pero no al sistema”, porque “hasta los estudiantes” tiran de las orejas a un texto que no ofrece tantas garantías de “calidad” como debiera y que “no responde a los retos y necesidades de la universidad española”.

La parlamentaria reclamó más flexibilidad en la gobernanza de cada universidad, reducir la burocracia “con soluciones”, relaciones con las empresas sin afrontar la colaboración público-privada “de manera clara y decidida”, y que la normativa se coordine con otras como la de Educación y la de Ciencia y que cuente con “financiación suficiente y estable” y no “el yo invito y tú pagas”.

Las enmiendas, que fueron votadas de forma conjunta, fueron rechazadas con 193 votos en contra, una abstención y 148 votos a favor.

OTRAS ENMIENDAS

Durante el debate, los distintos grupos trasladaron la necesidad de introducir mejoras al texto, algo que también aceptó el propio ministro que se mostró abierto a negociar enmiendas parciales. También la comunidad educativa ha mostrado opiniones en esa línea, como hizo este jueves el sindicato CCOO, que aseguró en un comunicado que ha hecho llegar al Gobierno 86 enmiendas al proyecto de la LOSU.

Las propuestas del sindicato van dirigidas a conseguir una financiación estable y acabar con la precariedad, favorecer el desarrollo de una carrera profesional y promover los planes de estabilización y promoción del personal universitario; impulsar el funcionamiento democrático y recuperar el protagonismo de la negociación colectiva.

En el debate, los representantes de los grupos de los partidos del gobierno de coalición aprovecharon sus turnos para desbancar las enmiendas a la totalidad presentadas. El diputado del Grupo Confederal Unidas Podemos Javier Sánchez Serna centró gran parte de su intervención en desmontar la enmienda de VOX, aunque calificó las tres presentadas como interpuestas contra "una universidad libre y democrática".

Por su parte, el diputado socialista Roberto García criticó al PP por presentar una enmienda a la totalidad cuando, desde su perspectiva, las políticas universitarias de los 'populares' no han revertido los problemas de los que ahora se quejan, como la financiación, la precarización del personal o la burocracia.