La iniciativa salió adelante con 15 votos a favor (PSOE y Sumar), 14 abstenciones (PP) y 3 votos en contra (Vox).

Impulsada por el Grupo Socialista, propone el citado fondo estatal para ayudar a “cumplir con el mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”, que tiene en la accesibilidad universal uno de sus principios fundamentales y que insta a los Estados firmantes a garantizar este derecho a todos sus ciudadanos.

Asimismo, resalta que la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social estableció 2017 como año para que todos los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos sean universalmente accesibles, objetivo que dista mucho de haberse alcanzado.

En la defensa de la proposición, la diputada socialista Margarita Martín afirmó que “la accesibilidad es de todos y de todas”, ya que se trata de “un valor que mejora la vida de toda la ciudadanía”.

“Garantiza el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo o la salud a las personas con discapacidad”, prosiguió, pero “también facilita la vida a toda la ciudadanía, pues beneficia a “las personas mayores, a los niños, a quienes tienen una lesión temporal, a los inmigrantes…". A su juicio, “la accesibilidad universal permite la participación en todos los ámbitos de la vida al conjunto de la población”.

La propuesta consiste en que este fondo estatal permita “financiar de forma total o parcial estrategias, iniciativas, programas, proyectos y acciones que fomenten entornos, procesos, bienes, productos, servicios, instrumentos, herramientas y dispositivos universalmente accesibles, que garanticen a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos políticos, sociales, educativos, culturales y económicos”.

Serviría también para articular la financiación de proyectos procedentes de entidades privadas que se encuentren dentro de los objetivos marcados por dicho fondo, y pide además potenciar un marco donde Ejecutivo y representantes de asociaciones y colectivos implicados marquen la hoja de ruta y redacción de las bases de este fondo.

ENMIENDAS

El Grupo Popular en el Congreso, que se abstuvo en la votación, presentó una enmienda a la iniciativa, que no fue aceptada. Según su portavoz, Esther Llamazares, resulta “inaceptable” que “el PSOE nos presente datos de accesibilidad correspondientes a 2020”, pues “desde entonces, han cambiado muchas cosas”.

También criticó “los escasos avances” y “el mísero porcentaje de ejecución” de la partida prevista para discapacidad en los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, reclamó “más recursos e inversiones en accesibilidad”, mejorar la financiación de la dependencia, “promover un nuevo modelo residencial” y “garantizar una ejecución adecuada de los fondos”.

A su vez, la portavoz de Vox, María Ruiz, acusó al PSOE de proponer “la creación de otro chiringuito”. En su opinión, este fondo es “más dinero público para ampliar sus redes clientelares, dinero para crear estructuras en torno al mundo de la discapacidad para seguir dando vueltas sobre lo mismo”. Este “dinero no se va a destinar a mejorar de forma directa la vida de personas con discapacidad, sino que se quedará por el camino, alimentando a quienes viven de la discapacidad", concluyó.