La iniciativa, en forma de proposición de ley, corresponde al grupo parlamentario de CiU, a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES).

En su comparecencia hoy ante la Comisión de Justicia, la asesora jurídica de FEAFES, Raquel Blanco, explicó que esta propuesta surge porque uno de los aspectos que más preocupa a los familiares de las personas con enfermedad mental es la negativa de los pacientes a asumir el tratamiento médico, en ocasiones por falta de reconocimiento de la propia enfermedad y en otros casos por la estigmatización social de la enfermedad mental, o por los efectos secundarios de la medicación.

Esta negativa, señaló Blanco, provoca que muchos enfermos que podrían desarrollar una vida "normalizada" siguiendo un tratamiento adecuado sufran un significativo deterioro de su calidad de vida.

Para evitar este tipo de situaciones y mejorar la calidad de vida de estos enfermos, la iniciativa recoge que "podrá también el Tribunal autorizar un tratamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico o un período de observación para diagnóstico, cuando así lo requiera la salud del enfermo, previa propuesta razonada del especialista, audiencia del interesado, informe del forense y del Ministerio Fiscal".

En opinión de Raquel Blanco, esta nueva norma, que afectaría a unas 100.000 personas con trastornos psíquicos, establecerá un plan de tratamiento, sus mecanismos de control y el dispositivo sanitario responsable del mismo que deberá informar al juez, al menos cada tres meses de su evolución y seguimiento, así como sobre la necesidad de continuar, modificar o cesar el tratamiento. El plazo máximo de duración de esta medida será de 18 meses.

Por su parte, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, además de otras organizaciones de afectados contrarios a esta modificación, se manifiesta contraria a la promulgación de cualquier legislación específica para las personas que sufren trastornos mentales, "por considerarla discriminatoria y estigmatizante".

A su juicio, hasta el momento no existe suficiente evidencia científica sobre la eficacia del tratamiento obligatorio ambulatorio, ni tampoco evaluaciones concluyentes sobre los pros y los contras que lleva su aplicación.

Para los psiquiatras, "el texto propuesto intenta responder a la legítima frustración y desesperación de los familiares, adolece de imprecisión, falta de criterios sobre su aplicación, no considera los riesgos de generalización, ni delimita suficientemente las actuacines correspondientes en caso de incumplimiento, ni los servicios que se requerirían para que tales medidas tuvieran efecto con lo que no representa una solución".