Para la portavoz socialista en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las Drogas, Gloria Gómez, esta iniciativa "contempla la adopción de medidas adecuadas para controlar la fabricación y distribución de sustancias destinadas a la elaboración industrial de productos químicos y farmacéuticos, a fin de evitar que se desvíen de su uso legal y puedan ser utilizados como drogas tóxicas".

Según esta parlamentaria, se trata de trasponer tres directivas europeas mediante las que se ordena a cada Estado determinar el régimen de sanciones aplicables a las infracciones, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación.

En relación a la cuantía de las sanciones, Gómez subrayó que en la actualidad "son desproporcionadas en relación con las cuantías de otros Estados, por eso el proyecto de ley propone una rebaja en las infracciones y la posibilidad de imponer la sanción de multa o la de suspensión de la licencia de actividad, sin perjuicio de que se puedan imponer ambas a la vez".

Por último, la parlamentaria socialista destacó que en lo relativo al ámbito competencial, "la ley no invade competencias de las comunidades autónomas", cuestión esta ya juzgada por el Tribunal Constitucional que declaró la constitucionalidad de la ley sobre precursores de drogas del año 1996, a la que sustituye la que se aprobará mañana.