La diputada socialista Amparo Rubiales, que defendió la iniciativa, comenzó su intervención leyendo las declaraciones del presidente de Valncia, el popular Eduardo Zaplana, en las que pide un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga como criterio vertebrador la población. "Es como si se me hubiera aparecido la Virgen", remachó Rubiales.

Para respaldar su petición, recordó que en octubre de 1997 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición para que el censo actualizado se aplicara a la financiación municipal, educativa, sanitaria, y al Fondo de Compensación Interterritorial, quedando así pendiente su aplicación a la financación autonómica.

Como ejemplos de los "misterios" del censo, Rubiales explicó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha establecido en su padrón continuo un crecimiento del 5,6 por mil de la población catalana entre los años 1996 y 1998, cuando permaneció estancada en el uno por mil en los cinco años anteriores.

También ocurre algo similar con Madrid, que después de un 2,9 por mil entre 1991 y 1996, creció, según el INE, un 8,2 en dos años. Sin embargo, la población andaluza creció un 8,por mil hasta 1996 y se establece un 0,1 por mil para los dos siguientes.

En cuanto a los datos del saldo migratorio anual, es decir, la diferencia entre los habitantes que emigran e inmigran en cada comunidad, el INE establece para 1997 un crecimiento de 56.438 en Cataluña y de 50.860 para Madrid, cuando ambas comunidades perdieron población en los cinco años anteriores.

En este mismo campo, frente a una reducción de 3.317 habitantes en cinco años de Andalucía, el INE establece en 31.446 los qu perderá en sólo un año, 1997. Por todos estos datos, anunció que su Grupo pedirá la comparecencia urgente en la Cámara de la directora del INE.

El portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, argumentó su rechazo a la propuesta en los criterios "partidistas" expuestos por el PSOE, y acusó a sus dirigentes de impedir que las comunidades gobernadas por ellos crezcan y sean competitivas, al rechazar el modelo de financiación pactado por el Gobierno.