El texto del diputado catalán insta a la presentación de un informe sobre el reconociiento jurídico y profesional de las personas que se dedican a la prostitución, en un plazo máximo de tres meses.

El objetivo final de las medidas que se propongan en dicho informe debe ser la de permitir que quienes se dedican a la prostitución tengan "la cobertura social adecuada, ya sea como trabajadores y trabajadoras autónomas o por cuenta propia".

Con este motivo, ERC pide que se cree un "nuevo epigrafe no estigmatizante" que permita la cotización a la Seguridad Social, de manera que los traajadores sexuales se puedan dar de alta en el régimen de autónomos o como trabajadores por cuenta ajena.

Asimismo, esta proposición no de ley solicita que se refuercen las medidas de vigilancia y seguridad para combatir el tráfico de personas, que se endurezca el tratamiento penal de la explotación sexual de personas y que se garantice la protección de los menores de edad.

Entiende Puigcercós que este problema no se debe abordar desde un punto de vista sancionador o moralista y que es necesario arontar la regulación de una actividad "que merece respeto" y que no puede atentar contra "la dignidad inherente a cualquier trabajador o trabajadora".