Denominada oficialmente "Cuban Democracy Act", la "Ley Torricelli" prevé sanciones contra los estados y compañías subsidiarias de empresas de EE.UU. instaladas en ellos que mantegan relaciones comerciales o de asistencia con la isla caribeña.

Además, prohibe la entrada en puertos de Estados Unidos durante 180 días a los barcos que previamente hayan cargado o descargado mercancías en Cuba.

En la exposición de motivos de la declaración española se recalca que esa ley "limita arbitrariamente la soberanía nacional de otros estados del mundo y, en caso de aplicarse, constituiría una violación del derecho internacional sobre libre comercio y libre tránsito, incompatible, entreotras normas de derecho, con los principios de la Declaración trasatlántica CE-USA".

PSOE, IU, CDS, PNV y Grupo Mixto muestran su esperanza de que el presidente electo Bill Clinton rechace la "Ley Torricelli", como ya en 1991 el propio Bush desestimó un endurecimiento de las sanciones contra el régimen de Fidel Castro.

El texto de la declaración es el siguiente:

"Uno: La reciente promulgación de la 'Cuban Democracy Act' preocupa seriamente al Congreso de los Diputados de España, tanto por la limitaciones que dicha ley pretende introducir en las relaciones económicas, comerciales y de navegación internacionales, como por las prohibiciones y limitaciones al comercio que impone a las filiales de empresas estadounidenses radicadas en terceros países.

"Dos: Corresponde al Gobierno y al Parlamento de España determinar las formas, la intensidad y las condiciones del comercio español -tanto público como privado- con Cuba, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Seguridad de las NacionesUnidas. No podemos aceptar ninguna extraterritorialidad de leyes de los Estados Unidos sobre el principio de soberanía español, entendido éste de acuerdo con la legalidad internacional.

"Tres: El Congreso de los Diputados ha apoyado y apoya la soberanía nacional de Cuba, a la vez que propicia el desarrollo democrático de este país y considera que una medida como la 'Cuban Democracy Act' no contribuye a la consecución de este objetivo".

Fuentes parlamentarias informaron a Servimedia que, "probableente", esta declaración se incluya en el orden del día del pleno del Congreso previsto para la próxima semana y no en el que comienza mañana, aunque este extremo no es seguro.