Previsiblemente, al igual que ocurrió el pasado día 5 en el debate en la Comisión de Justicia, todos los grupos, menos el PP, votarán a favor de eliminar la pena de cárcel por la convocatoria de referendos ilegales, como el que ha venido prometiendo Juan José Ibarretxe.

En el debate en comisión, el socialista Alvaro Cuesta mostró sus dudas de que una autoridad pública pueda convocar un referéndum ilegal y dijo que, aun intentándolo, sería casi imposible que pudiese poner en marcha la maquinaria para su celebración.

El PSOE defiende que ya hay mecanismos en el Código Penal para castigar estas conductas, como las penas previstas para delitos de desobediencia, prevaricación administrativa, extralimitación de funciones y malversación de fondos públicos.

Desde el PP, por el contrario, se defiende que la implantación de penas de cárcel por la convocatoria de referendos ilegales fortalece el Estado de Derecho frente a eventuales intenciones de convocar un referéndum secesionista.

Todos los grupos nacionalistas han mostrado su apoyo a la proposición, que, tras su aprobación, se remitirá al Senado, aunque han expresado quejas por la lenta tramitación que, en su opinión, ha tenido la propuesta.

Al final del proceso quedará derogado el precepto del artículo 506 del Código Penal que castiga con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara consultas populares careciendo de competencias.