El pleno de la Cámara Baja procederá mañana a debatir la toma en consideración de estaProposición de Ley Orgánica. En su argumentación, CiU recuerda que la Constitución establece en su artículo 161.1. c) que el Tribunal Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

Asimismo, la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional incluyó estas mismas previsiones en el artículo 2.1.c) y estableció en los artículos 59 a 72 la regulación de los conflictos de competencias mediate dos procedimientos diferentes: los conflictos positivos de competencia y los conflictos negativos.

De acuerdo con esta regulación, el conflicto positivo lo pueden plantear tanto el Estado como las comunidades autónomas cuando una norma o acto invade el ámbito de competencias del otro, y también cuando el Estado o bien una comunidad autónoma, en ejercicio de sus propias competencias, adopta una norma o acto que impide u obstaculiza a la otra parte el ejercicio de sus competencias.

En cambio, lalegislación vigente establece la posibilidad de plantear conflicto negativo a favor del Gobierno frente a la inactividad de una comunidad autónoma, que no tiene posibilidad de recurrir cuando entiende que "el Estado impide, con su inactividad, que las comunidades autónomas puedan ejercer sus propias competencias".

En opinión del Grupo Catalán, esta carencia es especialmente relevante en el caso de que el Estado no proceda a realizar las transferencias de servicios cuya competencia corresponde a las counidades.

CiU considera que esa falta de acuerdos sobre transferencias "ha producido y produce en la actualidad un verdadero impedimento u obstaculización por parte del Estado del ejercicio de las competencias propias de las comunidades autónomas".

Por ello, el Grupo Catalán considera que tanto atendiendo a la "equidad procesal", como la necesidad de resolver a través del Tribunal Constitucional las situaciones de bloqueo competencial, "se hace necesaria una modificación parcial de la LOTC" que prmita a las comunidades la misma legitimidad que al Estado.

La Proposición de Ley de CiU se estructura en un único artículo, en el que propone la modificación parcial de los artículos 71 y 72 de la LOTC de 1979.

Así, el artículo 71 queda redactado de la siguiente forma: "El Gobierno podrá plantear conflicto de competencias negativo frente a los órganos ejecutivos superiores de las comunidades autónomas cuando éstas no ejerciten las atribuciones propias de sus competencias por declararse incompetetes o por impedir u obstaculizar con su inactividad el ejercicio por el Estado de sus propias competencias".

"Asimismo", continúa, "los órganos ejecutivos superiores de las comunidades autónomas podrán plantear el conflicto negativo de competencias frente al Gobierno cuando éste no ejercite las atribuciones propias de sus competencias por declararse incompetente o por impedir u obstaculizar con su inactividad el ejercicio por las comunidades autónomas de las competencias asumidas en sus propios estatuos o en leyes orgánicas de transferencia o delegación."