Los populares entienden que esta imposición constituye una flagrante violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y se negaron en la Junta de Portavoces del Congreso a que la iniciativa se acumule para su debate a otra del PSOE en defensa de todas las lenguas cooficiales.

El PP entiende que la acumulación de ambas iniciativas serviría para desvirtuar el debate y "despistar la atención" del problema principal, que no es la defensa de todas las lenguas del Estado, "en lo que todos estamos de acuerdo", sino la vulneración de derechos fundamentales.

"Hay personas", dijo Zaplana, "que se están viendo perseguidas y nos parece una atrocidad, mientras el Gobierno y otras formaciones políticas miran para otro lado".

Para Zaplana, se están produciendo "ataques evidentes a derechos y libertades básicas establecidas en la Constitución", a pesar de lo cual el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice que "estamos ante casos aislados; y aunque así fuera, que no lo es, tiene la obligación de defenderlos".

"En pleno siglo XXI", concluyó el portavoz parlamentario del Partido Popular, "hay gente que no se puede expresar en la lengua de su propio país".

El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó la negativa del PP a acumular ambas iniciativas y acusó al primer partido de la oposición de hacer "demagogia intolerable" en un asunto "tan sensible" para los ciudadanos.

Por su parte, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, aseguró que en Cataluña "no hay discriminación lingüística" y, en todo caso, lo que existe es una "lengua en retroceso", que es el catalán y que necesita protección.