Esta decisión contó con el apoyo del PSOE, PNV y CiU y el rechazo del PP, que entiende que la celebración de dicho debate no debía coincidir, por razones de oportunidad política, con la convocatoria de huelga general para el 27 de enero.

El vicepresidente primero de la Mesa, el socialista José Beviá, explicó a los periodistas que la solicitd de un pleno extraordinario para el debate de totalidad de los tres proyectos de ley (medidas de fomento de la ocupación, modificación del Estatuto de los Trabajadores y regulación de las empresas de trabajo temporal) es "imprescindible marcarlo en enero para que este mes sea aprovechado en el cómputo de plazos".

Las enmiendas de totalidad a estos proyectos de ley podrán ser presentadas hasta el 17 de enero, mientras que las enmiendas del articulado tendrán como tope el 8 de febrero, indicó Beviá.

Por su parte, Luis Ramallo, miembro del PP en la Mesa del Congreso, manifestó que su grupo está en desacuerdo con la celebración del pleno antes de la huelga general, porque esto significa "hacer entrar al Parlamento en algunos temas que son de confrontación entre el Gobierno y las centrales sindicales".

INDEPENDENCIA

Ramallo expresó su confianza en que finalmente el pleno se celebre después del día señalado para la huelga general. "De esta forma", agregó, "no creemos que el Parlamento se sienta aectado en su legítima independencia, sino todo lo contrario, que no sea el Gobierno el que nos diga el día que tenemos que celebrar el pleno".

En términos bien distintos se pronunció el portavoz del PNV en la Mesa del Congreso, Emilio Olabarría, quien destacó que la huelga general no puede ser valorada como una razón de oportunidad para demorar la celebración del debate.

A su juicio, la mayoría de los miembros de la Mesa del Congreso comparten la opinión de que las medidas adoptadas por el Gabinee de Felipe González deben ser adoptadas urgentemente, para paliar la grave situación de desempleo que atraviesa el país.

Por otra parte, el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso apuntó el próximo jueves como fecha de celebración de la comparecencia, a petición propia, del ministro de Economía y del gobernador del Banco de España para explicar las razones que llevaron a la intervención en Banesto.

Igualmente, la Mesa admitió a trámite todas las solicitudes de comparecencias relacionadas on el "caso Elosúa", a excepción de la el fiscal general del Estado.