EL CONGRESO DEBATIRA ENDURECER EL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALTOS CARGOS

MADRID
SERVIMEDIA

El Plen del Congreso de los Diputados debatirá mañana sendas proposiciones no de ley, una del Grupo Popular y otra firmada por el PSOE, Izquierda Unida, PNV y el Grupo Mixto para mejorar el control del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración estatal.

La iniciativa del PP insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que "refuerce" el régimen de incompatibilidades previsto para altos cargos del Gobierno, así como diputados y senadores, con modificacione que les obliguen a declarar en el momento de la toma de posesión las actividades desempeñadas en los dos años anteriores.

La propuesta popular pretende también que los altos cargos comuniquen "de la forma más precisa y exhaustiva posible" las variaciones que haya experimentado su patrimonio y, por último, que declaren las actividades desarrolladas en las empresas o sociedades donde hayan participado.

Por su parte, la proposición no de ley presentada por el PSOE, IU, el PNV y el Grupo Mixto quier mejorar la eficacia del régimen sancionador para los posibles incumplimientos, aumentar las obligaciones de los altos cargos de declarar sus actividades e intereses y amplía el derecho de acceso al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales.

Asimismo, y en aras de "profundizar en la transparencia", esta iniciativa propone la creación de un organismo "que goce de auténtica autonomía funcional" para realizar el control y seguimiento del régimen de incompatibilidades.

El PSOE explica que en los úlimos años se han constatado ciertas "lagunas y deficiencias" en la legislación que regula las incompatibilidades, algo que se ha puesto de manifiesto "de forma palpable" en la comisión de investigación parlamentaria sobre Gescartera y otros casos relacionados con las actividades y bienes de algunos miembros del Gobierno.

Por este motivo, los grupos que defenderán esta iniciativa pretenden reforzar los mecanismos para garantizar que los intereses públicos prevalezcan sobre los privados, ampliar la prohbición de que los altos cargos realicen actividades profesionales tras su cese e impedir que posean intereses en empresas o sociedades que tengan especiales vínculos con la Administración.

(SERVIMEDIA)
22 Abr 2002
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