Estas iniciativas han sido promovidas por los parlamentos de Navarra, Cataluña y Baleares, en aplicación del artículo 87 de la Constitución Española, con el propósito de que los sellos contribuyan al reconocimiento de la realidad plurilingüística de España.

El citado artículo de la Carta Magna regula la posibilidad de que las Asambleas de las comunidades autónomas remitan a la Mesa del Cogreso proposiciones de ley aprobadas en las autonomías y que envíen a la Cámara Baja una delegación para hacer su defensa ante el pleno del máximo órgano legislativo.