En concreto, se propone modificar los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y añadir al capítulo segundo del título cuarto una sección tercera: "De los conflictos en defensa del ejercicio de las competencias autonómicas".

Con todo ello se permitiría a las comunidades autónomas plantear "conflictos negativos de competencias" ante el Tribunal Constitucional, algo que ahora está reservado al Gobierno central.

Las comunidades podrían así plantear conflicto "en defensa de su autonomía" ante el Tribunal Constitucional "cuando el Gobierno impida u obstaculice con su inactividad o por omisión de sus obligaciones constitucionales el ejercicio por parte de la comunidad autónoma de las competencias que le confieren su propio Estatuto o las leyes orgánicas de transferencia o delegación".

La interposición del conflicto procedería "cuando, habiéndose formulado el requerimiento previo al órgano ejecutivo superior de la comunidad autónoma o al Gobierno para que ejercite las atribuciones propias de sus competencias, aquél o éste lo desatiendan de forma expresa o por silencio dentro del plazo fijado en el requerimiento, que en ningún caso será inferior a un mes".

En la exposición de motivos, el Parlamento catalán argumenta que, veinte años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, el Estado "sigue prestando servicios que corresponden a competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña, por falta del acuerdo correspondiente de traspaso de medios y servicios".

Esa falta de acuerdo en el seno de la Comisión Mixta Estado- Generalitat responde a diferentes motivos. En unos casos, explica, "el Estado niega la transferencia de un servicio porque entiende que es titular de la competencia en la que se inserta el servicio o función en cuestión, o porque existe desacuerdo respecto al alcance de las competencias respectivas".

"Pero, en otros casos", añade, "no existe esta discrepancia de fondo y, mientras la Comisión Mixta no adopta el preceptivo acuerdo de transferencia, el Estado justifica que sigue ejerciendo la competencia por el principio de la necesaria continuidad en la prestación del servicio".

La proposición de ley fue aprobada por el Parlamento catalán en abril de 2004, casi coincidiendo con el comienzo de la presente legislatura.

Sin embargo, no se ha debatido hasta ahora porque las iniciativas de parlamentos autonómicos sólo son elevadas a los primeros plenos de mes, y se suelen incluir en el orden del día por orden de registro.

La consecuencia de todo ello es que esta proposición de ley se votará en el Congreso de los Diputados coincidiendo con la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.