El PP ha solicitado ya formalmente la creación de esta comisión. Sin embargo, dado que no habrá sesiones plenarias ordinarias hasta septiembre, es necesario debatir en la Diputación Permanente la convocatoria de un Pleno extraordinario.

El objetivo de dicha comisión sería "determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse tanto de la intervención" de Fórum Filatélico y Afinsa "como de todas las actuaciones del Gobierno antes y después de la citada intervención en relación con este asunto que afecta a la inversión de cientos de miles de españoles".

El PP cree que el Congreso "no puede ser insensible" a lo ocurrido y debe "investigar y determinar las responsabilidades políticas" que se puedan derivar de la actuación del Gobierno y, "sobre todo, por qué, de ser ciertas las acusaciones que se formulan, se ha tardado tanto en actuar".

Los populares quieren conocer "cuándo la Administración conocía las supuestas irregularidades por las que la Fiscalía acusa" a Fórum y Afinsa. También desean saber "qué ha motivado el cambio de criterio por parte de la Agencia Tributaria acerca de la naturaleza de la actividad de dichas empresas, ya que ello ha motivado en gran medida la intervención".

El PP ve "urgente" conocer "por qué se mantiene la descoordinación" del Ejecutivo, la "demora en la intervención de las cuentas" de Fórum y Afinsa, "permitiendo que se produjeran movimientos mientras se precintaban los locales" de las empresas o "el desfase temporal entre las primeras intervenciones policiales de dichos locales y las últimas, pudiendo llegar éstas a demorarse hasta un mes".

Además, el Gobierno "debe explicar por qué no desarrolló la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva aumentando el control sobre la actividad de las entidades comercializadoras de bienes tangibles".

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, "debe dar explicaciones de por qué un folleto de su ministerio aseguraba no hace mucho tiempo 'importantes revalorizaciones' a los inversores en sellos" y "su relación" con Fórum y Afinsa desde que tiene responsabilidades en la administración, en los años 80.

Por último, el PP quiere "esclarecer el papel que hubiera podido jugar un vocal asesor de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, familiar del propietario de una empresa que auditaba a una de estas sociedades".

El PP propone que su formación y el PSOE tengan tres diputados en la comisión, y el resto de grupos parlamentarios dos. La comisión deberá finalizar sus trabajos en seis meses elevando un escrito de conclusiones.