Con el nuevo Estatuto, los funcionarios podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 60 años, al igual que sucede con los asalariados del sector privado. No obstante, el detalle de este acceso deberá ser regulado en una norma posterior.

Para los funcionarios autonómicos, serán los gobiernos regionales los que deberán dictaminar sus propias leyes, mientras que en el Congreso habrá que regular la situación de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), según indicó a Servimedia la portavoz socialista en la materia, Elisenda Malaret.

El sistema de acceso a la jubilación parcial para los funcionarios tendrá un patrón "muy cercano" al que ya disfrutan los asalariados a partir de los 60 años.

Además, las Administraciones Públicas se adaptarán a la "nueva concepción del espacio europeo universitario", nacida de la declaración de Bolonia, con lo que serán pioneras en esta cuestión, reordenándose los sistemas de clasificación del empleo público.

El nuevo Estatuto, dirigido a los 2,5 millones de empleados públicos que hay en España, se ha adaptado también a los criterios establecidos por la Ley de Igualdad y se han introducido enmiendas de carácter técnico para mejorar el sistema de promoción interna de los funcionarios y el régimen de evaluación del desempeño de su labor.

Otras modificaciones del Congreso van a permitir a las comunidades autónomas fijar la cuantía de las retribuciones complementarias de los empleados públicos.

Lo que no ha sido posible en esta norma es lograr el consenso entre el PSOE y el PP, que anuncia que modificará la norma cuando vuelva al poder, según indicó a Servimedia Julio Padilla, portavoz del PP en la Comisión de Administraciones Públicas.