La proposición no de ley toma como experiencia el decreto del 14 de mayo de 1993, que estableció pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles, de las que se benefician alrededor de 28.000 personas carentes de recursos, residentes en su mayor parte en países de Iberoamérica.

Con la presente proposición no de ley "n solamente se avanza un paso más en la equiparación de derechos de los españoles, con independencia del lugar de residencia", explicó el Grupo Socialista, "sino que se extiende, configurando como un derecho subjetivo, la protección a los españoles de origen que emigraron de España y que, residiendo en el extranjero, carecen de recursos como consecuencia de invalidez o incremento de gasto derivado de los hijos a su cargo, garantizándoles un nivel mínimo de subsistencia".