Durante el debate de esta norma, primero en el orden del punto del día, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defendió su convalidación y pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios al considerar que es “necesaria” para Canarias y que “no tiene ningún tipo de contenido político adicional”, sino que “es estrictamente jurídico”.

En este sentido, la titular de Hacienda resaltó que servirá para seguir “estableciendo un régimen especial en una zona tan importante de nuestro país al objeto de permitir una convergencia necesaria que permita corregir algunos indicadores de desigualdad y que la inversión resulte atractiva en esta parte de nuestro territorio para que las empresas se decidan a invertir en Canarias y contribuyan a la prosperidad y bienestar de esta comunidad autónoma”.

Asimismo, Montero recordó que en los últimos meses Canarias “se ha visto golpeada de forma dura” por la erupción volcánica en la isla de La Palma, y aunque indicó que “queda mucho trabajo por hacer”, aseguró que “sigue siendo una prioridad para el Gobierno devolver la normalidad a La Palma y Canarias”.

En esta línea, la ministra destacó que en los años de Gobierno de Pedro Sánchez Canarias “ha recibido un 53% más de recursos que en los últimos cuatro años del presidente Rajoy” y que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 destinan 362,4 millones de euros para inversiones, siendo “la cantidad más elevada de los últimos diez años”. Además, también apuntó que “la singularidad que tiene esta tierra por la insularidad” ha justificado que las inversiones se articulen por transferencias de capital.

En cuanto al contenido de la norma, Montero explicó que se trata de una compilación de adaptaciones a distintos requisitos y circunstancias, como la modificación de varias referencias temporales del Régimen Económico y Fiscal para que éste tenga el mismo alcance temporal que el reglamento general de exención por categoría de la Comisión Europea, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, también se atienden otras circunstancias como la vigencia de la zona especial canaria hasta el nuevo término de vigencia del Mapa de Ayudas 2022-2027 presentado a la Comisión Europea, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto que contempla son los límites excluyentes del método de estimación objetiva del IRPF y de los regímenes simplificados de agricultura, ganadería y pesca del IVA previstos para 2022, y que también obligan a extender hasta el 31 de enero el plazo ordinario de presentación de renuncias y revocación de renuncias previsto inicialmente para diciembre de 2021.