El decreto recibió los votos a favor de PSOE, CiU, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), BNG y Chunta Aragonesista, frente al rechazo del PP, Izquierda Unida, y la abstención del PNV, Coalición Canaria y Nafarroa Bai.

Se rechazó, sin embargo, su tramitación como proyecto de ley, pese a que varios grupos habían mostrado su voluntad de que así fuera.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defendió que la norma permite la "legítima" devolución del patrimonio histórico y constituye la reparación de una "deuda ética y moral" y de una "injusticia histórica" que proviene de un acto "intrínsecamente antidemocrático" como fue la ilegalización de sindicatos y partidos políticos por el franquismo.

El patrimonio que ahora se pretende devolver fue "incautado de forma ignominiosa", sentenció Caldera. Corrigiendo una norma de 1986 "disfuncional", "inoperante" y "carente de seguridad jurídica", que había "impedido dar solución al problema", se va a devolver "lo que es suyo", lo que hace años "crearon los trabajadores" y que "ahora deben recibir sus legítimos sucesores. Esa reparación no debe esperar más".

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales indicó que, con este decreto, se da "cumplimiento definitivo y total a la ley que regulaba la cesión de bienes del patrimonio sindical", de enero de 1986, algo que no se ha conseguido hacer aún, pues "a día de hoy sólo se puede hablar de restitución parcial".

Admitió que esa norma marcó una serie de "exigencias" que "no tuvieron en cuenta las circunstancias" derivadas de la Guerra Civil y las casi cuatro décadas de dictadura, que introducen la "dificultad de acreditar la concurrencia" de la titularidad de los bienes incautados.

Unas dificultades que Caldera resumió con el ejemplo de que, hasta la fecha, y desde 1986, se han compensado 577 inmuebles, pero quedan por resolver más de 4.000 expedientes.

El ministro defendió, asimismo, el criterio de actualización del valor de los inmuebles, al que se aplica el interés legal del dinero, un 3% anual, desde 1986. UGT reclama su devolución en función del valor real de mercado de estos bienes, bastante más alto. Además, se marcha una "fecha de finalización cierta" de todas estas reclamaciones, al fijar como tope el 31 de enero.

UGT-ICO-PSV

Desde el Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, tras expresar un "profundo reconocimiento" del papel "esencial" de los sindicatos, lanzó duras críticas contra la iniciativa del Gobierno y vinculó esta norma a la necesidad de solucionar la deuda que la UGT mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como consecuencia de la quiebra de la cooperativa de viviendas PSV.

Martínez-Pujalte acusó al Ejecutivo de hacer un "manejo ópaco y adulterado" del dinero de los contribuyentes, "desvirtuando el sentido de una reparación histórica cuya legitimidad siempre hemos defendido". Pero las cosas "se han hecho mal" y eso puede incluso "volverse en contra" de la propia imagen de UGT, advirtió el parlamentario del PP.

Tras recordar que la UGT ya ha recibido 30 millones de euros por patrimonio incautado por el franquismo, Martínez-Pujalte incidió en que la cuantía que ahora se va a devolver, 151,3 millones de euros, "viene a coincidir, ¡oh, casualidad!", con la deuda que UGT mantiene con el ICO.

El Gobierno "busca arreglar con el dinero de todos los españoles un problema de la organización sindical afín al Partido Socialista", acusó Martínez-Pujalte, quien criticó que se haya "dejado sin voz" a Comisiones Obreras en este asunto y no se haya oído a la Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical. Han llevado a UGT "a una situación difícil" y han "quebrado la unidad sindical", concluyó el diputado del PP.

Muy duro se mostró el portavoz de CiU, Carles Campuzano, que habló de "enorme torpeza, falta de transparencia y poca responsabilidad" del Gobierno al introducir elementos de tensión entre las grandes centrales sindicales en un momento en que están abiertos "todos los frentes" del diálogo social.

Sin embargo, precisó que su grupo no quiere "bloquear" la resolución de una demanda legítima por parte de UGT y CNT. Por ello, anunció su voto favorable hoy pero reclamó del Gobiernoun compromiso claro de solventar la "incomodidad" que ha generado.

En nombre de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardá anunció el voto favorable. "No podemos actuar de otra forma" ante un patrimonio incautado por quienes se levantaron contra la legalidad republicana y que debe ser restituido sin que haya "lugar para la duda". Lo "vergonzoso", añadió, es que esto tenga que discutirse a estas alturas, y mientras se celebra el treinta aniversario "de la monarquía posfranquista".

ERC respaldó también la tramitación de este decreto como proyecto de ley porque, entre otras cosas, permitirá introducir enmiendas y ampliar "demandas" en este sentido. Esta es la legislatura, añadió, llamada a "dejar las cosas en su sitio" para todas las víctimas de la dictadura.

El portavoz de Trabajo del PNV, Emilio Olabarría, criticó que se pretenda solucionar esta cuestión a través de un decreto y recordó que, según la ley de libertad sindical, "no puede haber privilegios" que sitúen en situación de ventaja de una organización sobre otra. A su juicio, la norma está específicamente destinada a beneficiar a una organización, en referencia a UGT, motivo por el que su grupo se abstuvo.

Desde Izquierda Unida, Ángel Pérez apuntó razones "formales", pero también "políticas", para rechazar este decreto, que suena "a trato de favor" y sitúa a una organización histórica "en el ojo del huracán".

Caldera tomó la palabra justo antes de concluir el debate para compromoterse a dar "cauce y solución" a otros sindicatos con problemas pendientes relacionados con su patrimonio histórico en el plazo de un año, respondiendo así a la demanda formulada por algunos grupos.