El PSOE, que rechazó todas las enmiendas llevadas al pleno, sólo obtuvo el apoyo explícito de Minoría Catalana, ya que perdió a última hora el del PNV, cuyo portavoz, Emilio Olabarría, puso en duda la constitucionalidad de la ley.

A juicio de Olabarría, la cuantía de la prestación de desempleo no puede hacerse depender de la cotización del trabajador, porque no se trata de un seguro privado, y va en contr de la justicia social.

El portavoz peneuvista opinó que será "muy difícil" sacar adelante el Plan de Convergencia sin el apoyo de los sindicatos, porque hará falta contar con ellos para moderar los salarios y reducir la inflación.

Entre las propuestas rechazadas por el Grupo Socialista, destacan la realizada por el PP para legalizar las agencias privadas de colocación, la del CDS para aumentar las subvenciones a la contratación y la de Minoría Catalana para mantener los estímulos al empleo basads en bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

En respuesta a estas iniciativas, el portavoz socialista, Francisco Arnau, dijo que las agencias de colocación podrían ser legalizadas más adelante, pero que esa iniciativa requiere la modificación del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, consideró suficiente la cuantía de las subvenciones previstas en la ley y defendió la preponderancia de éstas en lugar de las bonificaciones a las cuotas empresariales de la Seguridad Social, alegando ue permite un mayor control del gasto público en fomento del empleo.

Por el PP, Celia Villalobos, dijo que la única razón de esta ley es "la falta de dinero" y afirmó, tras su aprobación, "nadie puede estar seguro", porque la "discrecionalidad" con que actúa la Administración hace posibles nuevos recortes del seguro de paro.

José Luis Núñez, de Izquierda Unida, dijo que la ley es "hipócrita y falaz", y demuestra una "radical desconfianza en los trabajadores, a pesar de que el fraude al INEM no llga al cinco por ciento".

En la votación estuvieron presentes cinco ministros, los de Trabajo, Luis Martínez Noval; Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; Cultura, Jordi Sole Tura; Economía, Carlos Solchaga; y Portavoz del Gobierno, Rosa Conde.

LAS MODIFICACIONES

Tras su paso por el Parlamento, el PSOE ha incorporado tres correcciones significativas al texto original del "decretazo", propuestas por su propio grupo durante el trámite en comisión.

La primera afecta a los pescadores queestén embarcados en buques menores de 10 toneladas de registro bruto y cobren "a la parte" (porcentaje de captura), los cuales no perciben actualmente pretaciones por desempleo.

La segunda contempla una deducción de 700.000 pesetas en el impuesto de sociedades por cada minusválido que contrate una empresa. Ahora, es el INEM el que aporta una subvención de medio millón de pesetas a la empresa que contrate un minusválido.

La tercera establece que cada fijo discontínuo que trabaje más de seis meses endrá derecho a seis meses de subsidio asistencial y a que el INEM cotice por él dos meses a la Seguridad Social, a efectos de sumar los quince años mínimo de cotización para poder cobrar la jubilación.

Con esta enmienda, un fijo discontinuo que trabaje seis meses por año durante veintidós y medio conseguirá los 15 ejercicios de cotización a la Seguridad Social que dan derecho a una pensión de jubilación. Con la redacción original del decreto, habría necesitado 30 años.