Votaron a favor el PSOE, Izquierda Unida y el CDS, mientras que el Partido Nacionalista Vasco se abstuvo y el Partido Popular y los nacionalistas catalanes de Convergencia se pronunciaron en contra.

El texto fue defendido tanto por el ponente socialista, el ex ministro José Barrionuevo, como por el titular de Trabajo, Luis Martínez Noval, aunque no incorpora ningua de las modificaciones sugeridas por el ministro de Economía, Carlos Solchaga.

Solchaga no estuvo presente en la votación de la norma, que tiene rango de ley orgánica. Sí participaron, por parte del Gobierno, además de Martínez Noval, los ministro de Obras Públicas, José Borrell; Asuntos Sociales, Matilde Fernández; Interior, José Luis Corcuera; Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; y Cultura, Jordi Solé Tura.

Martínez Noval se mostró satisfecho por el grado de consenso parlamentario alcnzado en torno a esta ley, aunque no descartó el conseguir un mayor respaldo durante su tramitación en el Senado, último paso antes de su promulgación.

El ministro no quiso entrar en la polémica sobre la oposición de Solchaga a algunos puntos de la ley, pero recalcó en que desde el Gobierno no presionará sobre el Senado para conseguir cambios fundamentales en la norma porque eso sería una intromisión en la función legislativa.

A su jucio, el pacto previo con los sindicatos será beneficioso a la hra de aplicar la ley, ya que esa es la mejor manera de conseguir que una mayor identificación con la norma, lo que redundará en un superior cumplimiento de la misma.

Martínez Noval aseguró que no hay ningún fundamento para que esta ley cause "alarma social", pese a las críticas de la CEOE, al igual que no lo hubo con la denominada ley de control sindical de los contratos, que también suscitó una cerrada oposición de la patronal.

CLARA Y CONTUNDENTE

Por su parte, José Barrionuevo afirmó que la ly es "clara y contudente" en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en la persecución de los abusos que puedan cometer los huelguistas. Añadió que la mayoría de las situaciones de este género son provocadas por sindicatos de escasa implantación.

Defendió la prohibición del derecho de huelga a la policía, los jueces y los fiscales, reclamada por Izquierda Unida, con el argumento de que no hay ningún país europeo en que esté autorizada.

Por el Partido Popular, Gabriel Cisneros y Celia Villaobos señalaron que la ley es "manifiestamente mejorable" y ha sido elaborada al margen del Parlamento.

Agregaron que no contribuirá a reducir los "tres millones de huelguistas" involuntarios que hay en España y acusaron al PSOE de haber "vendido" el interés nacional a las conveniencias de su partido

En relación con el listado de servicios esenciales, se mostraron contrarios a la inclusión de los informativos de la radio y la televisión pública.

También consideraron erróneo que la negociaciónde los acuerdos estables de servicios mínimos que se pactarán en cada uno de los sectores considerados esenciales se realice entre los sindicatos y la Administración, con exclusión de la patronal.

Rafael Hinojosa, de Minoría Catalana, señaló que "dolorosamente" no podían apoyar la ley, por no estar de acuerdo con la regulación de la actuación de los piquetes ni con que se autorice la presencia de los trabajadores en el centro de trabajo durante la jornada de paro.

Esta última objeción también fueplanteada por Emilio Olabarría, del Partido Popular, quien propuso que sólo los miembros del comité de huelga puedan permanecer en la empresa durante la huelga. También criticó que la ley no regule el cierre patronal.

No obstante, Olabarría recalcó que no tenía nada que objetar a que la ley hubiese sido pactada previamente con los sindicatos y que el texto actual le parecía mejor que el primero presentado por el Gobierno, que suscitó el rechazó de UGT y CCOO.

Izquierda Unida y el CDS expresaron s apoyo a la ley. José Luis Nuñez, de IU, dijo que la huelga, lejos de ser un mal necesario, es "un instrumento corrector de desigualdades. Carlos Revilla, del CDS, felicitó a Barrinuevo por el "encaje de bolillos" realizado para sacar adelante la ley.