Todos los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo en preservar el sistema público de pensiones y destacaron el consenso alcanzado para mantener, en el futuro, el principio de solidaridad que rige en actualmente, en virtud del cual caa generación de trabajadores financia las prestaciones de la anterior.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán, que agradeció a los ponentes el esfuerzo realizado para elaborar el informe, mostró su satisfacción por "el acuerdo unánime alcanzado en el sistema de pensiones; sobre su pasado, su presente y su futuro".

Recordó que el sistema de pensiones se basa en variables -como la evolución de la demografía, el empleo y las rentas- que deberán ser tenidas en cuenta, "de manea que puedan introducirse periódicamente correciones para hacer efectivo este derecho de percibir las pensiones".

Asimismo, señaló que el Gobierno podría asumir ya para este año, alguna de las recomendaciones que constan en el informe, como revalorizar por ley las pensiones e incentivar el retraso de la jubilación hasta los 70 años en determinados sectores.

Griñán descartó la posibilidad de reducir las cotizaciones sociales en la Ley General de Presupuestos de 1996, tal y como ha propuesto CiU, y que, a su juicio "hoy por hoy el sistema no es capaz" de asumirlo.

El apoyo a la reforma fue unánime, ya que en la votación final todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la misma, si bien el PNV presentó en el trámite parlamentario dos enmiendas para que el País Vasco y otras comunidades tuviesen la posibilidad de gestionar el pago de las pensiones.

Ambas enmiendas, que estuvieron a punto de suponer la ruptura del Pacto de Toledo por parte de Izquierda Unida, habían sido planteadas po CiU en la negociación de la reforma previa a la discusión parlamentaria, pero las retiró antes del llegar al Congreso para no romper el consenso.

Sin embargo, el diputado de CiU Rafael Hinojosa durante el debate en el pleno, dejó claro que su grupo intentará "en otros debates" que el Gobierno descentralice la Seguridad Social, ya que, a su juicio, es una reivindicación que entra dentro del marco de la Constitución.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría mostró su "perplejidad" por la críticas recibidas por su grupo al solicitar la descentralización de la Seguridad Social, ya que, "solamente estamos pidiendo la aplicación de la Constitución. Los principios competenciales no son cuestión baladí", afirmó.

El ministro de Trabajo restó importancia a la propuesta de los nacionalistas e insistió en que lo relevante del acuerdo es que todos los grupos han defendido el actual sistema público. "Es lógico que haya diferencias, pero no forman parte de lo sustancial del Pacto de Toledo", aclaó.

AMPLIAR EL PERIODO DE CALCULO

Sin embargo Griñán se mostró receptivo a que el Gobierno asuma la recomendación incluida en el Pacto de Toledo de ampliar el periodo de cálculo del importe de la pensión, según el salario cobrado en los últimos 15 años. Actualmente se calcula según los 8 últimos años.

A su juicio, hay trabajadores que al final de su vida laboral pierden escala social al tener trabajos peor retribuidos: "No sería justo que a esas personas no se les tenga en consideración el tiemp en que estuvieron en la cumbre profesional y cobraron más".

Agregó que la reforma de las pensiones se realizará de forma gradual. El informe del Pacto de Toledo contempla también otras medidas, que serán estudiadas por el Gobierno, como la incentivación de los Planes de Pensiones Privados, la constitución de un fondo de reserva, la mejora e integración de la gestión, la simplificación de los regímenes especiales de la Seguridad Social y separar la financiación de las prestaciones contributivas y no cntributivas.