El PSOE aceptó una enmienda de Izquierda Unida (IU), que proponía sustituir la expresión original del texto: "con el único límite de las garantías y el respeto de los derechos constitucionales de las personas", por el que finalmente fue aceptado: "con los únicos límites que establezca la Constitución".

El diputado socialista Alvaro Cuesta, que defendió la propuesta en el hemiciclo, aseguró quecuando hay brotes de corrupción, la sociedad se siente alarmada y el Parlamento debe remover los obstáculos que impiden ir al fondo de un asunto. "No cabe hablar de corrupción generalizada, pero debemos ser enérgicos en las respuestas", resaltó.

Tras subrayar que el Parlamento no puede tolerar que una minoría traicione el interés público "embadurnando" la credibilidad de las instituciones democráticas, Cuesta puso de relieve que la declaración de la renta y patrimonio de los responsables políticos queestén siendo investigados "es lo mínimo a lo que tiene que tener derecho una comisión de investigacion".

"Queremos investigar, y a fondo, como política activa contra la corrupción. Que el que la haga, la pague. El Parlamento no puede ser menos que la inspección de Hacienda. Cuando un político tiene la conciencia tranquila no tiene por qué dificultar una investigación", concluyó el diputado del PSOE.

Por su parte, el parlamentario de Izquierda Unida (IU) Antonio Romero citó el caso de la 'comisiónRoldán' para explicar que si los comisionados no tienen acceso a las cuentas del ex director de la Benemérita de poco sirve su trabajo de investigación.

ROLDAN Y RUBIO

Igualmente, lamentó que la anunciada reforma del Gobierno para incrementar las facultades de investigación de las comisiones parlamentarias no tengan aplicación en los casos Roldán y Rubio, debido a la tardanza en los trámites parlamentarios.

Romero señaló que el Gobierno no puede escudarse en las modificaciones legales y en los rámites parlamentarios para no enviar la documentación sobre las cuentas de Roldán a los diputados que investigan su gestión al frente de la Guardia Civil.

"El Gobierno cambia de opinión cada tres horas", agregó, "y debería dar pruebas evidentes de su voluntad decidida, enviando la documentación reclamada por la comisión y sosegar así a la opinión pública española".

Por su parte, Luis Ramallo, del PP, dijo que su partido se ha quedado "afónico" de pedir medidas similares a la que hoy trajo el PSO a la Cámara, sin haber obtenido ninguna respuesta satisfactoria.

"El PP está contento porque de una vez se deciden (los socialistas) a luchar contra los corruptos y por eso vamos a votar a favor. Sin embargo, esta iniciativa no hubiera sido necesaria si hubiera habido una voluntad firme del Gobierno de luchar contra la corrupción", indicó.