Según consta en la iniciativa, los criterios y la tramitación de los certificados de idoneidad para la adopción internacional serán estudiados por las comunidades autónomas y por el Gobierno central, para proceder a mejorar los procedimientos actuales y proporcionar formación continua y específica a los profesionales que trabajan en este área.

El Convenio de la Haya de 1993, sobre cooperación en materia de adopción internacional, establece que las autoridades de los países de origen de los adoptantes deben elaborar un informe de aptitudes, con información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

Según explicó en su intervención la diputada socialista Olivia Cedrés, "los procesos y efectos de los certificados de idoneidad en España son muy diversos, ya que dependen de las comunidades autónomas, y la duración de las intervenciones en las distintas etapas del proceso adoptivo pueden diferir notablemente según se trate de una Comunidad y otra".

"Estas diferencias por razón de territorio en la tramitación y obtención de los certificados de idoneidad se acentúan también en relación a los costes. Es decir, hay una situación excesivamente heterogénea, variada, que provoca que las familias, según donde residan y según por donde transiten sus aspiraciones, se encuentren en una situación de discriminación y desventaja, en muchas ocasiones", aseguró.