La nueva normativa, que fue tramitada con carácter de urgencia, se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que se opone a la posible territorialización de la administración de justicia.

El ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, se confesó "satisfecho" por la aprobación de la primera "ley importante" de su departamento, que asume desde ahora la fijación de los horarios de oficinas judiciales y tribunales una competencia por la que el ministerio y el CGPJ se han enfrentado en meses pasados.

Según dijo Belloch, la oposición del PP se debe a que tienen "un modelo de justicia totalmente opuesto al que tenemos el resto de las fuerzas políticas. Ellos quieren un Administración de justicia fuertemente centralizada y con dependencia de todo el personal, no sólo de jueces y magistrados, del CGPJ".

Por su parte, el diputado del PP Julio Padilla acusó durante su intervención al Gobierno de dejar la puerta bierta a una posible cesión de competencias en materia de justicia a las comunidades autónomas, en pago a lo que él consideró favores de las fuerzas nacionalistas al Ejecutivo.

Belloch confirmó que la voluntad de su departamento es impulsar el traspaso de competencias en administración de la justicia a las autonomías que así lo deseen y reconoció que el Ejecutivo está discutiendo ahora con diez comunidades la cesión de medios materiales para que se han cargo de ciertas funciones.

El ministro puntalizó que los secretarios y auxiliares judiciales seguirán siendo cuerpos nacionales y su posible traspaso al control de las comunidades autónomas dependerá de una decisión posterior que se reflejará en una Ley Adicional a la Reforma del Poder Judicial.

Para adoptar una postura definitiva al respecto habrá que dilucidar si los secretarios judiciales serán gestores de los tribunales, en cuyo caso podrían pasar a depender de las autonomías, o si mantienen su carácter jurisdiccional, caso en el que quedaía excluida su transferencia.

Belloch opinó que para tomar una decisión al respecto lo ideal sería llegar a un "consenso unánime" con el resto de las fuerzas políticas que permita diseñar la reforma de la justicia de manera definitiva.