En el transcurso del debate, el diputado socialista Daniel Vicente Viondi recordó que, una vez aprobada la Ley de regulación del juego y hasta el año 2017, en España “no había un problema, lo creó el PP con una ley de la selva, porque no hizo absolutamente nada para controlar el juego”.

Tras defender que, con las últimas reformas impulsadas en este ámbito por el Gobierno de coalición, se ha producido un “claro descenso de la percepción social de que el juego es un gran problema en la sociedad, pero aún sigue presente”, aseguró que existe “un consenso generalizado” de que esta reforma “era necesaria”.

Respecto a la introducción en el texto de cuestiones relativas a otros ámbitos del consumo ajenas a esta actividad y que actualizan la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, subrayó que se ha hecho “con la solicitud, el acuerdo y el consenso de todas las comunidades autónomas, también las del PP”. Asimismo, puntualizó que esta ley, que consideró “buena”, se ha trabajado con la “mayoría” de grupos y entidades del sector, que “apoyan” la reforma.

Por el PP, la parlamentaria Elena Castillo criticó que lo que, “a priori, parecía una modificación legislativa incompleta pero positiva, se ha acabado convirtiendo en una chapuza legislativa” del Gobierno, que, según su criterio, “ha introducido por la puerta de atrás cinco enmiendas que nada tienen que ver con la regulación del juego”.

JUEGO ILEGAL

Castillo reiteró que su formación “defenderá” a los usuarios que “sufren las consecuencias del juego ilegal, incontrolado o mal gestionado”, si bien se mostró “de acuerdo” en aspectos que incorpora el texto como la importancia de “reforzar” las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego, la evaluación de la eficacia de las medidas sobre juego seguro o responsable desarrolladas por los operadores y dirigidas a los jugadores de riesgo y de dotar de rango de ley a las funciones de “prevención y lucha contra el fraude y el amaño de los partidos, la protección de la integridad del deporte y de los mercados de apuestas y, por supuesto, de la ética deportiva”.

Con relación a las enmiendas al texto, recordó que su grupo pretendía introducir dentro de la ley la elaboración, en un plazo de tres meses, de un plan nacional de actuación en el sector del juego que fije “criterios homogéneos” para todo el territorio nacional relativos a la prevención y la defensa de los consumidores en este sector y que “defienda y armonice” dichos criterios, tanto en el ámbito público como en el privado, en cuestiones como la competencia y publicidad dentro del “respeto” al marco competencial y “de forma dialogada y consensuada” con las autonomías.

La diputada criticó que lo que “sí preocupa” al Ejecutivo es “que los impuestos que recauda a través del juego no se toquen porque hay muchos asesores que pagar y una estructura mastodóntica que mantener” y avanzó que el PP “va a defender a los españoles y sus intereses e impulsar medidas que permitan ser eficientes en políticas de prevención y buenas prácticas” en esta materia.

Por Vox, que no presentó ninguna enmienda al texto, Andrés Alberto Rodríguez se preguntó “qué relación guarda la persecución del fraude fiscal y la manipulación de las apuestas deportivas con la reforma del régimen sancionador de la ley de consumidores y usuarios” y se cuestionó “hasta dónde va a llegar la degradación de las más altas instituciones del Estado por parte de los partidos que sostienen a este Gobierno socialcomunista”.

ENORME CONSENSO

En el extremo opuesto, la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón se congratuló por el “enorme consenso” que, a su juicio, ha concitado esta reforma y valoró que, entre otros asuntos, con ella se “elevan de rango los principios generales que deben respetar las campañas publicitarias de juego para blindar los avances ya conseguidos garantizando la protección de las personas en situación más vulnerable”.

“Además, se regula la firma de convenios de colaboración entre Gobierno y comunidades autónomas para que los datos de las personas que se autoprohiben jugar estén conectados entre las diferentes administraciones”, abundó, para afirmar que “una de las mejoras clave” que introduce es la de permitir la participación de las asociaciones de consumidores en los procedimientos sancionadores así como que se dote de rango legal a las “mejoras” que han sido “consensuadas” con las regiones para “configurar” el régimen sancionador de los “grandes” fraudes de consumo “que trascienden el ámbito autonómico”.

Por el Grupo Republicano, la diputada Marta Rosique (ERC) lamentó que este proyecto de ley “ha desaprovechado la oportunidad de eliminar los privilegios inexplicables” de los que, a su entender, “sigue gozando” esta actividad.

Además, defendió la urgencia de “poner fin” a la rebaja que hizo el PP del impuesto del juego, consciente de que, “cuando se apruebe esta ley, seguirá siendo de un 20% y seguirá tributando menos incluso que los servicios funerarios o que una bicicleta”, por lo que volvió a reivindicar que se eleve al 30%, tal y como recogía una enmienda de su grupo que no fue incorporada.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Gutiérrez (Ciudadanos) aseveró que, mientras “algunos” partidos “buscan asfixiar económicamente a las empresas del sector”, Ciudadanos “las acompaña en su labor de ser responsables y ofrecer experiencias cada vez más satisfactorias y seguras”.

“Mientras otros esconden la cabeza fingiendo que no hay problemas con el juego, apostamos por reforzar esa información de la mano del propio sector y por prevenir, detectar y evitar conductas de juego problemático”, agregó, señalando que las siete enmiendas presentadas por su formación a este proyecto de ley “demuestran” su “compromiso” con el sector y por “favorecer su desarrollo seguro”.

PUBLICIDAD RESPONSABLE

Entre las modificaciones al texto que han logrado incorporar, destacó el establecimiento de unos “estándares” para “asegurar” una publicidad “responsable” que proteja a los menores, garantizar que no se presenta esta actividad como “vía rápida para el éxito” o prevenir el juego “problemático u obsesivo”.

Junto a ello destacó la creación del registro general de interdicciones de acceso al juego y la modificación que pretende “nivelar el campo de juego” legal para que las empresas “puedan competir en igualdad y esforzándose en ofrecer experiencias lo más agradables y seguras posibles” en toda España.

Por el grupo parlamentario vasco EAJ-PNV, Joseba Andoni Agirretxea quiso dejar “claro” su voto “favorable” a esta modificación, si bien urgió a “tener en cuenta” que las comunidades autónomas son competentes en esta materia. En este sentido, defendió la enmienda transaccionada con el PSOE según la cual las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado recogidas en la ley se realizarán “en cooperación” con las de las comunidades autónomas.

Finalmente, por el grupo mixto, el diputado José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria) consideró que la modificación aprobada este jueves, que dijo apoyar, es “un paso más” en la “protección” de los usuarios del juego y, “en especial, de las personas de riesgo”, si bien reclamó la fijación, “a la mayor brevedad posible”, de las “nuevas directrices” para la regulación de la publicidad de las cajas botín de los videojuegos.

Tras su aprobación, el texto será remitido ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.