La norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, tiene como objetivo fundamental continuar con el impulso del mercado del alquiler en España, elevando su profesionalización.

Los grupos parlamentarios han presentado 131 enmiendas al articulado. Del total, unas 70 son de CiU, a las que hay que sumar 37 de ERC-IU-ICV, 13 del PP y 10 del PNV. El PSOE no presentó ninguna.

El proyecto de ley recoge que estas sociedades cotizadas tributarán por los beneficios distribuidos a un tipo reducido del 18% en el Impuesto sobre Sociedades.

Estas sociedades deben tener la forma jurídica de sociedad anónima y cotizar en mercados regulados. Además, su activo debe estar invertido, al menos, en un 85% en inmuebles urbanos destinados al arrendamiento y adquiridos en plena propiedad.