La norma contó con 154 votos a favor, de los diputados del PP y de Coalición Canaria, frente a 120 en contra, del resto de grupos del Congreso.

La diputada del PSOE Isabel López i Chamosa afirmó que la norma nació fruto del "cabreo" del Gobierno central ante un fallo del Tribunal Constitucional que amparó el complementos a las pensiones no contributivas adoptado en 1999 por el Ejecutivo andaluz.

El portavoz de Política Social y Empleo deCiU, Carles Campuzano, denunció que la norma "impide el libre ejercicio de competencias" por parte de gobiernos autónomos.

El portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, les replicó que lo que quieren crear algunas regiones es un sistema de pagas discrecionales, y no políticas basadas en derechos.

NOVEDADES

El Congreso dio hoy el visto bueno a las enmiendas introducidas a la norma en el trámite en el Congreso. Entre las novedades, que las empresas que han firmado un contrato con la admnistración pública e incurran en deudas con la Seguridad Social dejarán de cobrar por sus servicios.

Otras modificaciones aprobadas hoy persiguen simplificar las actuaciones en los casos en que una persona cometa una infracción en el cobro de una prestación. Hasta ahora se podía abrir la vía administrativa y la social, mientras que con la nueva norma todo deberá ser resuelto mediante los tribunales sociales.

También se regula un concepto referido a la Ley de Jubilación Gradual y Flexible, conocid como "jubilación a la carta". En concreto, se exigía hasta ahora que el trabajador acreditara que no había cesado voluntariamente de su puesto para acceder a la jubilación anticipada.

Este requisito, según el PP, estaba provocando una litigiosidad que acababa con un fallo a favor del trabajador. Cuando se promulgue la ley, el trabajador ya no tendrá que acreditar que su cese había sido impuesto.

Por último, la Seguridad Social podrá perdonar las deudas que tengan determinadas entidades o persona con ella y que sean lo suficientemente escasas como para que no resulte rentable proceder al cobro. Esta posibilidad ya existe en el caso de la Agencia Tributaria y ahora se traslada a la Seguridad Social.