Tras su aprobación hoy en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, el texto será remitido a la Cámara Alta para su posterior aprobación definitiva.

En el debate en Comisión los grupos de la oposición coincidiron en subrayar la falta de concreción de la normativa y las múltiples carencias que, a su juicio, restan eficacia a este proyecto de ley.

Desde las filas socialistas acusaron al Gobierno del PP de no haber buscado el consenso para desarrollar una normativa eficaz que garantice la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. "El Gobierno ha optado por hacer su propia ley, una ley limitada de contenidos y precaria en los objetivos", aseguró la diputada socialista Elvira Cortajarena.

Por su parte, los portavoces de los grupos catalán y vasco en esta Comisión, Carles Campuzano e Iñaki Txueka, advirtieron que dicha ley vulnera las competencias de las comunidades autónomas. Para Campuzano, además, la nueva ley no da "el empuje" necesario que se merece el mundo de la discapacidad.

Por último, el diputado popular Enrique Belda, defendió el contenido de este texto y rechazó las acusaciones de vulneración competencial lanzadas desde CIU y PNV. Argumentó su negativa a aceptar las cerca de60 enmiendas presentadas por el PSOE en el hecho de que se trata de una ley generalista en cuyo marco no caben las múltiples concreciones reclamadas por los socilistas. "Eso supondría hacer una biblia de este proyecto de ley", aseveró. En todo caso, aseguró que "la coincidencia en el fondo es más grande de lo que puede parecer".

De las enmiendas aprobadas hoy destacan dos de Izquierda Unida. La primera de ellas sobre la inclusión entre las medidas de acción positiva a los discapacitados del ámbito rurl. En la segunda se fija en dos meses la modificación del decreto por el que se modifica el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad para incorporar en el Consejo de dicho organismo a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

También se aprobó, con el único rechazo de CiU y PNV, una enmienda transaccional para implantar el currículo formativo en diseño para todos.

Por último, el grupo popular rechazó incluir en esta ley la reclamación realizada por todos los grupo de la necesidad de invertir la carga de la prueba en los casos de demanda por discriminación. Dicha inversión de la carga de la prueba supondría que corresponde al demandado demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de oportunidades y que no existe discriminación. Belda tan sólo accedió a estudiar esta propuesta si bien reclacó que en ningún caso se incluiría en este proyecto.