La ley suprime el término "propiedad" en la publicidad y venta de los derechos de uso de inmuebles, para evitar confusiones al consumidor, y otorga al comprador la facultad de desistir del contrato.

Además, establece un régimen jurídico único, fija las cuotas de mantenimento según un índice objetivo y garantiza a los consumidores la protección de los tribunales. También introduce beneficios fiscales para las personas que adquieran estos derechos.

Asimismo, limita la duración del régimen de multipropiedad entre tres y cincuenta años, y fija en siete días el periodo mínimo anual de utilización, exige que se facilite a los posibles compradores toda la información sobre las características del inmueble y el contrato y aclara que el derecho de aprovechamiento del comprado incluye también el derecho a recibir durante ese tiempo los servicios para su disfrute.

España es el segundo país a nivel mundial en el uso de la multipropiedad, tanto por el número de complejos -450- como de usuarios -480.000. Este mercado factura en nuestro país 80.000 millones de pesetas anueles, y atrae a 1.500.000 personas cada año, según los datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Tiempo Compartido (ANETEC).