Entre otras cuestiones, el texto incluye expresamente su aplicación a todas las personas "sin excepción con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal” en España. “Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” a partir de su aprobación.

Según el texto, a partir de ahora “se garantizará, a través de los medios necesarios, que todas las personas víctimas de discriminación, especialmente aquellas con discapacidad, tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes” y, en paralelo, crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo personal será, con carácter general, funcionario de carrera de las administraciones públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.

Debido a que una de las transaccionales aprobadas trata sobre materia que debe ser regulada por ley orgánica, la Comisión no aprobó el texto con competencia legislativa plena, como estaba previsto, sino solo el dictamen, que será elevado a la Mesa del Congreso para que se adopten las decisiones procedimentales oportunas como consecuencia del cambio.

En el transcurso del debate, la diputada socialista Beatriz Micaela Carrillo aseguró que se trata de un “día histórico” en el que España “da un paso fundamental en la protección de las libertades y derechos de la ciudadanía y haciendo una realidad la reivindicación histórica de todos los colectivos que representan a las minorías que han sido y siguen siendo, desgraciadamente, víctimas de la discriminación”.

A su juicio, la aprobación de esta ley, que nace con un enfoque “preventivo y reparador”, no supone “inventar nuevos derechos”, sino algo “tan sencillo y necesario” como “garantizar y blindar tres principios fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna”, como son el artículo 14, el artículo 10 y el artículo 9.2.

Esta ley “garantista” va a suponer, según la parlamentaria, “la culminación" de casi 15 años de trabajo del Partido Socialista. “Tres lustros en los que hemos presentado el proyecto hasta en cuatro ocasiones y, pese a todos los contratiempos sufridos los socialistas hemos seguido manteniendo nuestro firme compromiso con las personas que más lo necesitan, con los colectivos y, especialmente, con las minorías que han soportado los duros latigazos de la historia en este país, como ha sido el pueblo gitano”.

En este punto, quiso rendir un “sentido homenaje” a Pedro Zerolo, convencida de que esta ley “es fruto del trabajo de muchísimas personas, pero tiene un único padre y ese es Pedro Zerolo”. “Un político comprometido de profundas convicciones democráticas, que creyó y soñó que esta normativa podría ver la luz”, apostilló, para reconocer que fue “capaz de aglutinar y de representar a todas aquellas personas que somos militantes de la igualdad, de las libertades y del respeto a la diversidad”.

“El 80% de los delitos de discriminación permanece oculto, no se denuncia. Son invisibles porque las víctimas no se atreven a denunciar, no confían en las instituciones y se sienten solas”, denunció, para dirigirse a estas personas y decirles que “no están solas” y que leyes como esta “son su refugio” porque en España “discriminar ya nunca más va a salir gratis”.

A este respecto, explicó que la nueva ley “permitirá perseguir las infracciones que, sin ser constitutivas de delito penal, atentan contra la dignidad de las personas y la diversidad de nuestra sociedad”. “Pone nombre y apellido a todas las caras de la intolerancia y deja por escrito, de forma clara y meridiana, todos los tipos de infracciones, otorgando derecho de resarcimiento a las víctimas que hasta ahora no contaban con ningún instrumento de defensa legal ante la intolerancia”, resolvió, convencida de que supone “un antes y un después en nuestro ordenamiento jurídico antidiscriminación” y sitúa a España “a la vanguardia internacional en la protección de los derechos de las personas”, incluidas las integrantes del pueblo gitano.

RESTO DE GRUPOS

Por su parte, la parlamentaria ‘popular’ María Auxiliadora Pérez, lamentó que se trata de una ley con un “largo e infructuoso recorrido por varias legislaturas” e ironizó con el hecho de que “este es uno de los pocos asuntos en los que parece que se entienden los socios” de Gobierno, a pesar de que en el periodo de enmiendas Unidas Podemos “prácticamente presentó un texto alternativo hace poco más de un año”.

Con todo, su grupo “comparte la filosofía” de esta iniciativa, por la “necesidad de contar en nuestro país con una norma transversal contra la discriminación frente a las leyes sectoriales existentes, sino porque hay muchos ámbitos en los que se producen discriminaciones y hay que desplegar medidas para luchar contra ellas”.

La diputada ‘popular’ subrayó que su grupo presentó 68 enmiendas, 62 de las cuales llegaron vivas al debate y fueron rechazadas y criticó que el texto final “se ha visto empeorado” a pesar de que, “ya de por sí adolecía de falta de rigor jurídico en parte de su contenido”. Asimismo, se preguntó si, “de verdad, este es el momento oportuno” para crear organismos “innecesarios” como es, a su entender, la Autoridad Independiente para la Igualdad de trato y no discriminación, cuyas competencias, dijo, “se solapan con las de entes ya existentes e incluso invade competencias del Defensor del Pueblo”.

Junto a ello, defendió que existe en el texto “una total imprecisión de la tipificación de las conductas sancionables por discriminatoria y una desproporción injustificada entre algunas infracciones y las sanciones económicas que llevan aparejadas”. “Y, por si todo esto no fuera suficiente, incorporan un apartado cuatro al artículo 42 que es una auténtica barbaridad jurídica, ya que crean una instancia administrativa política superior revisora de las resoluciones judiciales, en evidente vulneración de la separación de poderes, olvidándose además del carácter de cosa juzgada”, resolvió, para denunciar que socialistas y ‘populares’ no tienen “la misma receta” para paliar esta lacra.

Por Vox, Lourdes Méndez advirtió de que la ley “hará una sociedad mucho más compleja, más insegura jurídicamente y, sobre todo, menos libre” y afirmó que el derecho a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución, “está garantizado de manera más que suficiente en los diferentes ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico”.

Según su punto de vista, el texto “sobre regula cuestiones que ya están reguladas” y “es un objetivo meramente ideológico” y criticó que las sanciones por vulnerar los derechos que protege la ley puedan llegar a los 500.000 euros con la “finalidad última de la utilización de nuestro sistema democrático para imponer un pensamiento único y sancionar al que discrepe o disienta”.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ismael Cortés quiso “dar la bienvenida” a la ley al entender que España “llegaba tarde a una transposición que permitiera dar efectividad de derecho al desarrollo del artículo 14 de nuestra Constitución, precisamente relativo a la igualdad de trato y la no discriminación”.

Esta ley, precisamente lo que viene es a dar cuerpo a todas las aplicaciones concretas en las que se expresa el derecho y el principio constitucional de igualdad y de no discriminación”, añadió, para asegurar que el concepto de “discriminación estructural” que incluye el texto “es importante”, al igual que la igualdad de trato y la no discriminación “respecto del ámbito policial y todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, si bien dijo “alegrarse” que con la ley España “sea vanguardia del derecho discriminatorio”.

NACIONALISTAS

Por ERC, Pilar Vallugera afirmó que este miércoles era “un mal día para hablar de igualdad y de derechos y para aprobar el dictamen de una ley que pretende acabar con la discriminación”, en referencia al presunto espionaje sufrido por varios dirigentes independentistas catalanes y recordó que Cataluña ya cuenta con una ley de igualdad de trato y no discriminación “que funciona perfectamente”.

En la misma línea, por Junts, Pilar Calvo, que votó en contra, lamentó que a los independentistas catalanes no se les reconoce “como víctimas por parte de este Estado atrapado en el alcantarillado de Interior”. “Si se pretende, como reza el objeto de la ley, garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y respetar la dignidad de las personas debe denunciarse por parte de todos aquellos que se autodefinen como demócratas la vulneración de los derechos de los independentistas”, resolvió.

Por Ciudadanos, Sara Giménez urgió a pensar en la “realidad” que viven todavía “muchas personas en nuestro país cuando quieren acceder a un empleo, a una vivienda, a un bien o servicio, cuando, en definitiva, quieren ejercer su ciudadanía”, en referencia a la “barrera del rechazo social y de la discriminación simplemente por el hecho de lo que son” que esta ley, “de una forma histórica, da respuesta”.

“Esta ley desarrolla una serie de herramientas que son totalmente necesarias para realmente dar una respuesta efectiva a la lucha contra la discriminación en nuestro país y da respuesta a las recomendaciones europeas”, agregó, para preguntarse “por qué cuando hay insultos racistas o a un joven no se le permite entrar a una discoteca por su condición no se puede imponer una multa”.

Finalmente, Joseba Andoni Agirretxea (PNV) criticó que hay “cuestiones” en esta ley “que exceden su propio cometido”, si bien la norma “guarda bastante las formas y sabe cuál es su espacio y hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar” a pesar de que en materia de infracciones y sanciones es “controvertida”.