La ministra de Justicia, Margarita Mariscl de Gante, aseguró tras la votación que la ley "va a clarificar sobre todo las normas procesales que tienen que aplicar los jueces en materia de cooperación jurídica internacional" y añadió que "evidentemente, va a ser muy mejorado en la vía parlamentaria".

Por su parte, la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega defendió la devolución del proyecto por entender que es "políticamente inoportuno y pernicioso, juridicamente inadecuado, y técnicamente defectuoso". Según el PSOE, el proyecto"atenta claramente a derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional, y constituye uno de los casos más flagrantes de intento de esquivar los controles democráticos propios de un Estado de Derecho".

A juicio de Fernández de la Vega, el proyecto de ley crea un marco normativo "confuso y caótico" que va a provocar numerosos conflictos de orden interno e internacional. El PSOE acusó al Gobierno de pretender establecer la retroactividad de las leyes penales y de plantear la posiblidad de extraditar a una persona a la que se haya concedido el asilo político, sin garantizar su no devolución al país de origen, y sin especificar el delito por el que puede ser extraditado.

El hecho de que sólamente CiU haya aprobado el proyecto del Gobierno demuestra, a juicio de la ministra de Justicia, que los grupos parlamentarios de la Cámara "tienen su propia opinión" y subrayó que lo importante es que se han rechazado las enmiendas de devolución.

Mariscal reiteró la necesidad de "clarifcar y concentrar toda la legislación existente, dispersa y no completa" respecto a la cooperación jurisdiccional internacional en materia penal.

DARLE LA VUELTA COMO A UN CALCETIN

Por su parte, el diputado de CiU Manuel Silva Sánchez, que se abstuvo de anunciar la posición de su grupo hasta conocer la respuesta del Partido Popular ante las enmiendas de devolución, y que finalmente votó a favor del proyecto del Gobierno, mostró tras la votación su convencimiento de que en la tramitación parlamentaria"es posible que a la ley le demos la vuelta como a un celcetín".

Silva puntualizó que su grupo es también crítico con el proyecto, "hasta el punto de tener preparadas alrededor de un centenar de enmiendas", y que lleva meses de negociación con el Grupo Popular y con el Ministerio de Justicia. Su posición final la ha determinado, según Silva, "que están siendo fuertemente receptivos a las enmiendas de Convergencia i Unió" que "no son muy diferentes" de la posición defendida por quienes han presentado ls enmiendas de devolución.

El diputado de CiU explicó que su formación tiene preparada una enmienda destinada a que los asilados políticos "sólo pueda ser extraditados a un tercer país que ofrezca garantías suficientes, no al país de origen".

En su turno de debate, el diputado popular Manuel Arqueros defendió el proyecto por poner en manos de los tribunales "normas precisas para solicitar la cooperación internacional" y aseguró que combina "la eficacia con el respeto más absoluto a las garantías ndividuales". No obstante, Arqueros dejó clara la disposición del Grupo Popular a estudiar posibles enmiendas al proyecto.

VULNERACION DE DERECHOS

El diputado de Izquierda Unida Felipe Alcaraz, que también presentó enmienda de totalidad al proyecto del Gobierno, consideró que el texto no tiene "el grado de coherencia necesario", además de ser "innecesario y técnicamente muy malo".

Margarita Uría, en nombre del PNV, afirmó que el proyecto vulnera el derecho de los asilados políticos a no ser develtos a su país de origen.

En representación de Nueva Izquierda, Cristina Almeida apoyó las enmiendas porque, a su juicio, el proyecto deja "en una arbitrariedad administrativa" el derecho de asilo. Reprochó al Gobierno la falta de consenso al elaborar este proyecto, que regula, en su opinión, "de forma farragosa".

En nombre del Bloque Nacionalista Galego y de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster aseguró que el comentario hecho por el Consejo General del Poder Judicial en el sentido de que el poyecto podría suponer dejar sin sentido la institución del asilo, "sería suficiente para devolverlo" al Gobierno.

El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones rechazó la posibilidad de que se puedan hacer "apaños o enmascaramientos" con enmiendas parciales "cuando se conclucan principios de legalidad penal" y añadió que ninguna ley nacional puede obligar a terceros países.