Durante su trámite en el Senado, el PP tachó de “impresentable” que se abordase por la vía de urgencia el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Los populares defendían en sus enmiendas "mejorar las condiciones de los trabajadores afectados dada su especificidad; incentivar la investigación y la innovación con medidas económicas. Y ser conscientes de que son las propias asociaciones quienes denuncian la desaparición de la innovación en esta Ley".

A su vuelta al Congreso, un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra este mismo jueves permitió la aprobación del texto de forma definitiva, pues la citada enmienda obtuvo 189 votos en contra y 52 abstenciones, además de 108 síes.

Durante el debate en la Cámara Baja, Joan Margall, del Grupo Republicano, acusó al PP de ponerles "en una dicotomía" porque "sin garantizar la viabilidad del sector difícilmente se pueden defender derechos laborales porque, simplemente, no hay sector". Defendió su pacto con los socialistas para oponerse a la enmienda que votaron favorablemente en el Senado en dos puntos.

El primero, según puede leerse en el acuerdo, es "aumentar los costes indirectos desde el 21% actual al 25% en las convocatorias de proyectos de investigación que gestionan la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Salud Carlos III, organismos dependientes del Ministerio, en consonancia con el nivel de costes indirectos que permiten las convocatorias competitivas del Programa Marco de Investigación la Unión Europea. Este aumento de los costes indirectos de los proyectos estatales de investigación permitirá a los centros de investigación y universidades hacer frente al aumento de costes de funcionamiento".

El segundo apunta a "estudiar y elaborar una propuesta de mejora del sistema de financiación basal para los grupos de investigación de excelencia" y que "el Ministerio se compromete a realizarla antes de la finalización del nuevo periodo de sesiones de otoño".

Fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación valoraron "positivamente" el apoyo del Esquerra Republicana para evitar la convalidación de la enmienda presentada por el PP, que según dichas fuentes "pretendía seguir precarizando la contratación de los investigadores de nuestro país". "Con el acuerdo alcanzado, el Ministerio mejorará la capacidad financiera de los centros de investigación y universidades de toda España a través de las convocatorias de sus agencias financiadoras, beneficiando así al sistema de ciencia en su conjunto, sin establecer ningún tipo de diferencia territorial", subrayaron.

Según ha venido reiterando la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la enmienda del PP "empeoraba" el texto de "una buena ley" que "viene a arreglar fallos del sistema, retener y recuperar talento, luchar contra la fuga de cerebros que padecimos con el PP, con la receta de los recortes". En los últimos días, Morant afeó en diversas entrevistas que el Partido Popular haya evitado su aprobación definitiva en el Senado, al presentar una enmienda que, en su opinión, "empeora la ley, porque hace que en el sistema de ciencia se pueda seguir haciendo contratos por obra y servicio, por tanto contratos temporales".

Precisamente, usó el mismo argumento en el Congreso la diputada socialista Sandra Guaita, que resaltó que "son más de 5.000 investigadores contratados en 2019 y 2020 con fondos europeos", de los que más del 80% tenían contratos temporales, "el doble que en otros países europeos", subrayó. "Este Gobierno va a romper la cultura de precariedad del PP", presumió.

DEBATE

Durante el debate de la enmienda de los 'populares' en el Congreso, María Fernández, del Grupo Mixto, se hizo eco de la alerta que le han trasladado jóvenes investigadores para derogar con la enmienda aprobada por el Senado a la Ley de Ciencia el "hito" de tener "los mismos derechos laborales" que otros profesionales.

El diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas insistió en "más esfuerzo" del Gobierno en inversión en Ciencia y acercarse al 3% del PIB y resolver "los eternos problemas" de los investigadores como entiende que son "la carga administrativa y la falta de estabilidad y seguridad" en su carrera. "Para luchar contra la precariedad de los investigadores hay que luchar por el carácter indefinido de sus contratos", pues "nada tiene que ver" que la fuente de financiación de esos contratos "sean fondos europeos o nacionales".

El parlamentario gallego Néstor Rego, del Grupo Plural, reclamó "una ciencia con derechos" frente a enmiendas que, según dijo, "pretenden que retrocedamos en derechos". Por el mismo grupo, Joan Baldoví (Compromís) defendió su "no rotundo" a un sector "precarizado": "A igual trabajo, iguales condiciones de trabajo".

Por su parte, Mariona Illamola, de Junts per Catalunya, aseguró que en su partido no quieren ser "veletas" respecto a la postura que defendieron en el Senado. La política catalana subrayó el papel científico de Cataluña la "excelencia" de sus investigadores y de ser un destino de numerosos fondos comunitarios.

Javier Sánchez-Serna, del Grupo Confederal de Unidas Podemos, rechazó la enmienda del Grupo Popular y recordó que la norma se aprobó en junio en el Congreso "para dignificar" la carrera científica porque "la ciencia no puede ser una isla de precariedad" y se preguntó por el argumentario "cínico y falaz" de la derecha por oponerse "a una clara mejora laboral" hacia estos profesionales. También reprochó las "excusas" de la patronal para que se encadenen contratos a los investigadores.

Por Vox tomó la palabra el diputado Julio Utrilla, quien aseguró que "la ciencia en España está hecha unos zorros", con salarios "mileuristas" y que padece una "infrafinanciación del 1,4% del PIB", cifra que se encuentra "a años luz de la media de la UE, que supera el 2%. Toda esa "falla estructural" de financiación la achacó a los sucesivos gobiernos de PSOE y PP.

En representación del Grupo Popular, Navarro López, acusó al PSOE de mentir para luego impulsar un texto que dice "lo que decía el PP". "Las 76 universidades españolas, 50 universidades públicas, y los 57 centros punteros de investigación nos han dicho que presentemos esta enmienda", remarcó el parlamentario. "La mayoría del Senado rectificó la ley, no el PP", prosiguió y afeó a los socialistas de pactar con Esquerra Republicana de Catalunya su aprobación definitiva en el Congreso.

NUEVA LEY

Según el Ejecutivo, la nueva norma incluye la mejora en las labores de investigación en el ámbito hospitalario y la creación de una nueva modalidad de contrato indefinido para personal investigador, técnico y de gestión.

Del mismo modo, con esta norma se establece el compromiso de una financiación pública creciente de la I+D+i hasta converger con Europa. En estos momentos, España se sitúa en el 0,58% del Producto Interior Bruto (PIB) y se ha fijado como objetivo una inversión del 1,25% del PIB en el año 2030.

En el trámite de audiencia pública se recibieron más de 600 propuestas, de las que se incorporaron a la normativa el 85%. Una de las más relevantes fue el blindaje para que la financiación pública en I+D+I de conformidad con la normativa europea aumente de forma regular hasta alcanzar el 1,25% del PIB en el año 2030”.

Además, esta ley considera la ciencia como un bien común incluyendo la participación ciudadana y la divulgación como pilares del sistema y reforzando las políticas de acceso abierto de todos los resultados de la investigación financiada con fondos públicos.

La reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.