La ministra de Cultura, Carmen Calvo, lamentó que el PP se haya decantado finalmente por la "demagogia" y no haya querido apoyar un texto que únicamente persigue dar respuesta a una reivindicación "justa" que se arrastra desde hace tres décadas y que recordó que han apoyado destacados nombres del PP como su presidente fundador, Manuel Fraga.

Ante las demandas similares que han planteado otras instituciones autonómicas y municipales para que también a ellos se les trate igual que a Cataluña y se les devuelvan papeles que tienen en Salamanca, la ministra fue categórica y desechó la posibilidad de que el Ejecutivo lo tenga ahora entre sus planes inmediatos.

"Este es el proyecto de ley que ha querido el Gobierno y no otro", recordó Calvo, quien subrayó que el caso de Cataluña es singular, porque la Generalitat era una institución legalmente constituida cuando las tropas franquistas le requisaron los documentos, mientras otros gobiernos, como el vasco, lo que demandan son papeles que afectan a su región, y eso ahora no es objeto de discusión.

La titular de Cultura se mostró convencida de que la salida de los papeles no ocasionará problemas de orden público en Salamanca, a pesar de las declaraciones que han hecho algunos dirigentes castellanoleoneses de que se opondrán con sus propias manos a la devolución. "Somos demócratas y los cargos públicos deben cumplir las leyes de manera ejemplar", indicó.

DÍA HISTÓRICO

Al debate de hoy en la Cámara Baja asistieron en la tribuna de invitados la consejera catalana de Cultura, Caterina Mieres, y representantes de los colectivos de esta comunidad que han luchado por el regreso de los documentos agrupados en la denominada Comisión de la Dignidad.

Mieres declaró que hoy es un día "feliz para los demócratas" porque el Congreso ha dado respuesta a una reivindicación de muchos años de la sociedad catalana.

La consejera agradeció al Gobierno central que haya tramitado esta ley y al esfuerzo prolongado que han hecho numerosas entidades catalanas para lograrlo.

En el polo opuesto, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, criticó en rueda de prensa que la primera ley cultural que saca adelante el Gobierno de Zapatero vaya encaminada a "desmembrar" y "destruir" el patrimonio histórico español, en lugar de velar por su unidad y conservación.

En el debate, el diputado popular Gonzalo Robles manifestó que lejos de hacerse con esta ley ninguna reparación histórica, lo que se busca es "cumplir con el tripartito" catalán.

Robles destacó que el Ejecutivo no ha dialogado con nadie y no ha querido llegar a un acuerdo con el PP, como prueba el hecho de que no haya prosperado ni una sola de las quince enmiendas del Grupo Popular.

El resto de portavoces parlamentarios coincidieron en felicitarse por la aprobación del dictamen y en lamentar que la devolución no se haga extensiva a otras instituciones que lo han pedido con derecho.

El portavoz de CiU, Joan Vilajoana, dijo que, en contra de lo que sostiene el PP, "nadie pierde y todos ganamos con la ley", porque "esto no es una lucha entre territorios, sino la solución a una reclamación histórica". El diputado nacionalista confió en que más adelante se atiendan demandas de otras instituciones como las del País Vasco.

Por el PNV, Aitor Esteban dijo que éste hubiera sido el momento adecuado para atender otras demandas análogas a la de Cataluña. "El PNV no da el tema por cerrado", dijo Esteban, aunque aseguró que su grupo votó hoy a favor del dictamen porque apoya la reivindicación de Cataluña.

Francesc Canet, de ERC, consideró que hoy se reparó la injusticia histórica cometida con un gobierno como la Generalitat, a la que se le incautaron documentos en la Guerra Civil "a punta de pistola" y que sólo suponen un 2,5% del total de papeles depositados en la actualidad en el Archivo de Salamanca.

En representación del Grupo Socialista, Mario Bedera se congratuló de que el proyecto haya salido con éxito del Congreso "pese a los intentos del PP de confundir a la opinión pública".