La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados trabaja en la tramitación de este proyecto de ley de modificación del Código Civil, para que los grupos parlamentarios presenten emiendas que mejoren el texto antes de que el pase a debatirse en Pleno.

Una de ellas, aprobada esta mañana, es la propuesta por CiU para que el Estado garantice "el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos".

"De manera complementaria", prosigue la enmienda de la formación nacionalista catalana, y en coherencia con las disposiciones de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se prevé "la creación de un fondo de garantía de pensiones para atender, en general, al impago de pensiones alimenticias fijadas en resolución judicial".

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2004 con el objetivo, tal y como revela en su exposición de motivos, "de extender la libertad de los ciudadanos, concibiéndose el derecho al divorcio como una extensión del propio derecho al matrimonio".

CAMBIO SOCIAL

El Ejecutivo argumenta que la normativa sobre divorcio, vigente durante casi un cuarto de siglo, ha dejado ver sus carencias y disfunciones, a lo que se suma el "profundo cambio social en el modo de concebir las relaciones de pareja en la sociedad española".

Este proyecto pretende evitar el "doble procedimiento" que conlleva la situación actual, con lo que se admite la disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de la previa separación de hecho o judicial.

Además, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales y sin que el juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos procesales.

La iniciativa aboga por propiciar la disolución matrimonial por mutuo acuerdo y facilitar la custodia compartida de los hijos, con lo que "la intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados".